Disputa entre comunitarias muestra vacío de autoridad

Es el gobierno de Guerrero el que tiene interés de hacer ver a las policías comunitarias como grupos armados vinculados al crimen organizado y hasta ha infiltrado a las organizaciones para provocar enfrentamientos entre sí, denunciaron dirigentes de Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de guerrero (Fusdeg) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).

Mientras Bruno Plácido, dirigente de la Upoeg, acusó al Estado mexicano de pretender criminalizar a las policías comunitarias y hacer ver los recientes enfrentamientos como un conflicto entre organizaciones, Ruth Delgado, vocera del Fusdeg fue más allá y denunció a la unión como un grupo de choque del Gobierno que pretende arrinconarlos y tomar control de los territorios donde tienen presencia y que ahora se ha limitado únicamente al municipio de Juan R. Escudero.

Aunque ambas organizaciones se señalan mutuamente de usurpar funciones y hacerse pasar como policías comunitarios, en los últimos 20 meses al menos 50 personas han muerto en enfrentamientos a balazos, ante la complacencia de autoridades estatales y federales.

Ambas partes reconocen que en medio de los enfrentamientos hay muchos intereses políticos, económicos y hasta criminales, por lo cual ni el gobierno estatal ni el Federal han intentado detener el conflicto.

Plácido reconoció que la Upoeg ha ido recuperando el control de la Costa Chica y en comunidades de Chilpancingo, pero no han logrado entrar a Juan R. Escudero, municipio conocido como Tierra Colorada, que es donde la Fusdeg aún se mantiene como el grupo fuerte.

“Es un conflicto con una visión integral que hay que resolver, no es un asunto de quién delinque, sino el origen del delincuente, quién lo protege”, afirmó el dirigente de la Unión de Pueblos, quien aseguró que ante el temor del gobierno del estado porque creciera la organización “ellos se metieron a confrontar internamente y patrocinaron a un sector para justificar el pleito entre nosotros”.

Aunque reconoce que ha habido muertos entre ambos grupos, insistió en que el gobierno azuza las balaceras para demostrar que las organizaciones no sirven porque “al poder fáctico no le conviene que las comunidades se organicen”, manifestó en referencia a los grupos del crimen organizado que pretenden operar en comunidades y municipios donde hay presencia de Policías Comunitarias.

Hasta ahora, el gobierno estatal ha permitido la creación de policías comunitarias en zonas indígenas a través de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, pero donde operan la Upoeg y Fusdeg no se consideran municipios indígenas, aunque ambas organizaciones defienden su derecho a formar autodefensas con el argumento de que son “pueblos originarios” y que la inseguridad no es un tema exclusivo de comunidades indígenas.

Ruth Delgado, vocera del Fusdeg, recordó que esta organización nació por la necesidad de brindarse protección ante el crimen organizado y la ausencia de autoridades, pero ahora son víctimas de una ola de violencia para desarticular su movimiento en el Valle del Ocotito, municipio de Chilpancingo y en la zona de Xaltianguis y el Acapulco rural.

“Estamos resistiendo una fuerte embestida (…) esto a raíz de que el grupo armado que se pone la camiseta de policía comunitaria Upoeg, decide incursionar a nuestro municipio con el fin de violentar la tranquilidad”.

Denunció que su contraparte sólo pretende obtener beneficios económicos con el respaldo de Guerrero, “el 24 de noviembre (en Tierra Colorada) hubo 12 horas de enfrentamiento, donde ninguna autoridad municipal, ninguna autoridad estatal, ninguna autoridad federal intervino, a pesar de que la fuerza federal estaba en la autopista; solamente estuvieron de observadores”.