Documentan abuso militar contra mujer de Ensenada

Hace cinco años, Míriam Isaura López Vargas conoció “el infierno” cuando la mañana del 2 de febrero de 2011 hombres con el rostro cubierto la sometieron y obligaron a subir a una camioneta blanca. Eran militares vestidos de civiles.

Ese fue el comienzo de lo que más adelante la mujer, residente de Ensenada, Baja California, catalogó como “los siete peores días de su vida”; la intimidad y hermetismo de los cuarteles militares quedaron como testigos de los actos de tortura física, psicológica y sexual a los que Míriam, de 30 años, fue sometida.

La detención quedó grabada en la memoria de algunos testigos. La fuerza de los militares, los gritos, las armas, todo parecía ser lo que pensó: un secuestro. Sin embargo, supo más tarde, en un pequeño cuarto de baño sin ventanas, que no pedirían rescate para liberarla. Afuera de ese cuarto la esperaron al menos ocho hombres con uniformes de camuflaje perteneciente al Ejército mexicano. La carta —que envió denunciando a elementos del 67 Batallón de Infantería— vino como un recuerdo que taladraba su memoria.

El 10 de enero, semanas antes de su detención, Míriam acusó a un coronel, de quien aseguró nunca supo el nombre y quien la culpaba de ser narcotraficante. “Me siento acosada por el personal que labora en ese puesto de control, continuamente he recibido amenazas por tal personal, porque, según, me tienen de consigna por orden de dicha persona (el coronel)”, constó en la denuncia hechapor correo electrónico atn. [email protected].

Mientras ella permanecía en el encierro, su familia desconocía su paradero y ubicación; vivían en la incertidumbre por saber dónde, cómo y con quién estaba la madre de tres pequeños. Hasta su traslado al Centro Nacional de Arraigo en la Ciudad de México, Míriam Isaura pudo establecer contacto con su esposo, Alfonso Ladrón de Guevara.

Antes de llegar a la capital del país, López Vargas dice que los turnos para asfixiarla eran inhumanos, un trapo húmedo seguido de chorros de agua sobre la nariz y boca le impedían respirar y, por último, como si lo anterior fuese un juego inocente, los golpes en el abdomen la doblaban. Así, repetidamente, como si de un ritual se tratara, para lograr su declaración en la que admitiera ser narcotraficante, trabajar para algún cártel y señalar a otros militares como responsables de recibir dinero a cambio de permitir el paso de convoyes cargados de drogas. Nada de eso era cierto.

Tras sobrevivir a las descargas eléctricas, violaciones interminables y violencia física, permaneció en arraigo 80 días en la Ciudad de México hasta que se presentaron cargos por narcotráfico —transportar cinco kilos de marihuana—. El 26 de abril de 2011, fue enviada de regreso al penal de Ensenada.

Ante el Décimo Juzgado de Distrito, la defensa consiguió desestimar los cargos y demostrar que la versión de los militares no concordaba con un parte informativo del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Ensenada (C4), tras la serie de irregularidades en la detención y presentación. El juez falló a favor de Míriam, quien dejó el Cereso el 1 de septiembre, tras dictarse sentencia absolutoria.

Por este caso, que no es el único, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que el 28 de septiembre de 2012 emitió una recomendación por la detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violación sexual.

También presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), el 14 de diciembre de 2012, contra los responsables por los delitos de tortura, privación ilegal de libertad, violación y lo que resulte; además de solicitar medidas de seguridad ya que la víctima es hostigada desde que fue puesta en libertad. Cinco años después no hay responsables procesados, siguen impunes.