Eliminar abusos a derechos humanos, tarea pendiente

 

Eliminación de la práctica de fabricación de pruebas


Organizaciones sociales exigieron al Estado que garantice los derechos de las víctimas de tortura y el funcionamiento del nuevo sistema penal con la eliminación de la práctica como método para la fabricación de pruebas.

Encabezados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) reprobaron la desinformación que todavía existe sobre esta práctica y las víctimas de este grave delito.

Señalaron que el Estado mexicano anunció su compromiso de erradicar la tortura cuando se reformó la Constitución para contemplar una Ley General contra esta práctica; sin embargo, ese compromiso con las víctimas y con la sociedad se materializará en la medida en que el Congreso apruebe una ley acorde a la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado.

En ese contexto, diversos expertos, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, resaltaron la importancia de la obligación de eliminar el uso en procesos penales de pruebas producidas mediante tortura, pues sólo así el Estado brindará justicia mediante investigaciones reales, evitando la fabricación de culpables.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos, ostenta un carácter absoluto e inderogable”.

De la misma manera, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó al Estado sus obligaciones al señalar que se debe excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que se ha obtenido bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales”.

La Constitución establece que “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”, estándar también adoptado en jurisprudencia de la SCJN.