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Sábado 31 de Octubre 2020
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Exige INAI copia del expediente de Radilla

Determinan que la información sobre el luchador social debe ser pública. Foto: Cortesía

Determinan que la información sobre el luchador social debe ser pública. Foto: Cortesía

07 de Julio 2016

Los comisionados lamentaron la negativa con la que actuó la dependencia

El Archivo General de la Nación deberá de entregar copia del expediente del caso del luchador social, Rosendo Radilla Pacheco, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Perosnales (INAI).

En sesión, el comisionado Óscar Guerra presentó el caso de una solicitud de información que el órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación se opuso a otorgar copia certificada del documento histórico.

“Tratándose del tipo de expediente del que se requiere acceso, si bien se trata de un documento histórico al cual al principio resulta aplicable el procedimiento previsto en la ley federal de archivos, lo cierto es que dada la naturaleza de los datos que contiene, se determinó que su acceso procedería conforme al procedimiento de acceso previsto en la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental”, argumentó Guerra.

Al ser aprobada por unanimidad la propuesta presentada por el ponente, los comisionados lamentaron la negativa con la que actuó la dependencia.

“Es penoso como encargado de la Comisión de Archivos, reconocer que hay una cortapisa legal que es lo que obliga al Archivo General de la Nación a poner tanta traba en el acceso a esta galería y con este tipo de respuestas, lejos de alentar el derecho a conocer mejor nuestra historia, se genera una señal que expulsa a aquellos que quieren hacerlo”, añadió el comisionado Francisco Acuña.

Radilla Pacheco, víctima de desaparición forzada, fue detenido ilegalmente por militares en Guerrero, el 25 de agosto de 1974; y visto por última vez en el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, de ese mismo estado.

Derivado de este caso, la Suprema Corte de Justicia fijó criterios de interpretación sobre derechos humanos ante la sentencia condenatoria contra México que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2008.

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