Fijan posturas sobre reforma al Poder Judicial

 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, jueces, investigadores, consultores y especialistas, además de legisladores, expresaron sus posiciones sobre la reforma al Poder Judicial.


Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, jueces, investigadores, consultores y especialistas, además de legisladores, expresaron sus posiciones sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el Ejecutivo Federal.

En el foro, que se realizó este martes en el estado de Chiapas, se abordó el tema “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”, como parte de los diálogos nacionales que se llevan a cabo.

Al respecto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, recordó que la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data del año 2008, fue la primera y expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos.

Asimismo, indicó que desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos y lleva cuatro declaratorias de leyes federales, por lo que “no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”.

Por su parte, la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incurrido en graves malformaciones, exceso de gastos, privilegios inaceptables, pero el mayor defecto es su corporativismo, el cual la ha aislado de la sociedad y así su incapacidad orgánica de servir al pueblo impartiendo justicia bajo los parámetros que mandata la Carta Magna. “La justicia no funciona, está paralizada en sus prácticas de control, influyentísimo y parcelas de poder”.

Julia María del Carmen García González, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, comentó que México requiere personas juzgadoras con altísimos niveles de profesionalización, experiencia en la altura de su responsabilidad republicana, “lo que difícilmente se logrará desmantelando la carrera judicial”; además, con esta propuesta se ignora la carrera judicial que mucho personal tiene. Cuestionó cómo la elección de las personas juzgadoras mediante el voto popular daría como resultado una administración de justicia que verdaderamente atienda los problemas.

En el mismo tenor, el juez de Distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Chiapas, Mario Felipe Mata Ríos, dijo que la elección actual de ministras y ministros ha brindado ejemplos de éxito.

Indicó que cambiar a los actuales ministros y la integración de la Corte es un atentado mayúsculo a la división de poderes y a la independencia judicial, y aclaró que el hecho de que los jueces no sean populares no significa que no hagan bien su trabajo ni mucho menos que sean corruptos.

Por su parte, Arturo Espinoza Silis, abogado y socio de la consultoría “Strategia Electoral”, comentó que en ningún país del mundo se elige a la totalidad de la Judicatura mediante el voto popular, por lo que se debe legislar desde la evidencia y no experimentar con la justicia.

“La transformación de la justicia es de abajo hacia arriba, es tiempo de más derechos y que exista un verdadero acceso a la justicia y para ello se necesitan tribunales independientes y profesionales”, dijo.

RECRIMINA MONREAL A NORMA PIÑA

Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal recriminó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que solo haya convocado a un diálogo al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y haya dejado de lado al Poder Legislativo.

“El Poder Legislativo es un órgano reformador y es quien está facultado para deliberar y para, en su caso, aprobar la reforma judicial”, indicó.

Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo respetar que el órgano supremo del Poder Judicial en México interprete las leyes de manera abstracta y pueda invalidarlas; sin embargo, expresó que los jueces de amparo violan la Constitución cuando crean normas de derecho y determinan políticas públicas, “eso prácticamente vuelve inservibles las acciones de control constitucional”.

AGM