Frenan embargo al exgobernador de NL

 

Rodrigo Medina de la Cruz conservará su rancho mientras se resuelve el caso


El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, obtuvo una victoria parcial contra el embargo de un terreno de 36 hectáreas, que pretendía utilizar para cubrir desfalcos de su administración.

La jueza Quinto de Distrito con sede en Nuevo León, Beatriz Joaquina Jaimes, sobreseyó el amparo que interpuso el exgobernador contra la decisión judicial de embargar el predio ubicado en la Ex Hacienda de Los Anacuitas, Sección Victoria, de General Terán.

Con esta medida, el juez de control que ordenó el aseguramiento de la propiedad, deberá reponer el proceso a fin de que se brinde a Medina de la Cruz la oportunidad de defenderse en el proceso para embargar el predio.

El exmandatario aseguró que durante la diligencia no estuvo presente su defensa y tampoco asistió él mismo, por lo que se violentó su derecho a un debido proceso, se violentó la presunción de inocencia, así como la contradicción e igualdad entre las partes, que establece el nuevo sistema penal acusatorio.

Con esta medida, el caso de embargo deberá reponerse y repetir la diligencia de aseguramiento de los bienes, que de acuerdo con la resolución judicial, permitirían presentarse en otro juicio como garantía para resarcir el daño patrimonial contra el estado.

La resolución judicial señala que Medina de la Cruz tiene derecho a participar en la audiencia pública junto al Ministerio Público y poder defenderse, rebatir, o aclarar las acusaciones que se formulen y al no estar presente en la diligencia, se vulneraron sus garantías individuales, por lo que se resolverá de nueva cuenta sobre este caso, si el terreno debe embargarse o si, por el contrario, la autoridad no puede usar los recursos del exmandatario en un juicio distinto que implique el pago o reparación del daño.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal consideró que el artículo 212 del Código Procesal Penal contraría los derechos de la víctima u ofendido, y es opuesta a tales principios del nuevo sistema procesal penal, y que tienen por objeto garantizar que las partes se encuentren en igualdad de oportunidades ante el juez.