Gobernadores inhiben poder de auditores estatales

Los auditores de los estados son “designados” por los gobernadores, quienes además los cooptan, de ahí que se presentan irregularidades en estos órganos estatales de fiscalización, argumentó el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.

Durante su participación en el seminario “Gobernanza para el crecimiento incluyente”, Portal Martínez mostró su acuerdo en el proceso que se le sigue a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, a quien se le dictó formal prisión el pasado miércoles; sin embargo, afirmó que así se debe de actuar “con todos” y no sólo contra el sonorense.

“Qué bueno que se haya investigado y abierto procesos en contra del exgobernador de Sonora. Sí es culpable que lo sancionen como debe ser; así debe ser con todos, no solamente con él”, expresó.

El funcionario explicó que los titulares de los gobiernos estatales tienen el control de las auditorías subnacionales, por lo que las investigaciones a la gestión de los Ejecutivos locales son, dijo, inexistentes.

Ante tal situación aseguró que es necesario que se refuerce la administración pública en esos niveles, debido al sometimiento que existe en la mayoría de los estados.

En el encuentro coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, afirmó que en el 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá una mayor colaboración con las autoridades fiscalizadoras a nivel estatal, pues se le otorgarán mayores poderes; además, auditará los recursos entregados a los gobiernos estatales, que equivalen a 1.5 billones de pesos.

Anteriormente, Portal Martínez había informado que la dependencia a su cargo presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra 15 administraciones estatales, y que era Veracruz la entidad con mayores observaciones sobre irregularidades en los manejos de dinero público, pues tiene 54 denuncias.

De acuerdo con el auditor, en los siguientes años ya no será tan fácil que los gobernadores hagan lo mismo que Javier Duarte, acusado de fraude y otros delitos contra el estado de Veracruz, debido a que ya no podrán nombrar a los auditores estatales y se reforzará la vigilancia, debido a que, explicó, “las facultades dadas nos permitirán poder auditar las participaciones fiscales estatales”.

No persiguen funcionarios

Portal Martínez indicó que su función no es perseguir a funcionarios, sino ser el vigilante de que los recursos públicos sean bien ejercidos, pues resulta evidente que cuando no se hace, aparecen irregularidades como ha ocurrido con los exgobernadores y algunos mandatarios todavía en funciones.

Sin embargo, según el funcionario “no quiere decir que todo se lo hayan robado”, pues a veces sólo hay falta de transparencia.

Sobre el caso de Duarte, afirmó que se dio aviso de manera previa al Gobierno Federal mediante la PGR por las irregularidades en la cuenta pública de 2011, 2012, 2013, 2014, y añadió que faltan las de 2015 y 2016.

Nada contra los Duarte

En el seminario también participó la titular de la Secretaría de la Funión Pública (SFP), Areli Gómez González, quien afirmó que hasta el momento la dependencia no tiene ningún requerimiento de información respecto al gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte, y del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

“Ahora en la Función Pública no se me ha reportado nada sobre estos asuntos”, declaró.

Expuso que cuando tenga noticias al respecto y esté dentro del marco normativo hacerlo saber, se hará, “pero por el momento no tenemos nada reportado”.

Mencionó que cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), todo lo que se solicitó en su momento está integrado en el expediente “y son temas reservados que no se pueden comentar”.

Durante su intervención dio a conocer lo que consideró como prioridades para la dependencia a su cargo, como son identificar espacios que propician la corrupción y acotarlos; impulsar el comportamiento ético como principio rector del servicio público; reforzar el liderazgo de la secretaría en una efectiva política de transparencia; constituir canales de denuncia efectiva y promover la igualdad de género como una política de oportunidades.

Al igual que lo hizo el titular de la ASF, Arely Gómez dijo que la Función Pública no tiene como propósito perseguir servidoras y servidores públicos, ni realizar castigos sólo por realizarlos, pues explicó que su trabajo es establecer reglas que generen certidumbre, para castigar la corrupción.

Dijo que para ello la secretaría cuenta con un cuerpo de auditores y órganos internos de control en todas las dependencias de la administración pública federal, que tienen a su cargo el control y vigilancia de los actos que realicen en el día a día los funcionarios.

“Estamos analizando la forma en la que se realiza el control de un nuevo modelo en que la tecnología nos permita tener, en tiempo real, el mapa de la situación”, explicó.

La extitular de la PGR dio a conocer que en los próximos días se pondrá en marcha una aplicación del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (Sidec) para que los ciudadanos realicen denuncias por esta vía.

Dijo que es necesario que existan canales efectivos para evidenciar a funcionarios que violen la ley, pues eso genera confianza entre la población.