“Guerra” con tintes partidistas castiga a gobiernos de oposición

El 8 diciembre de 2006 comenzó una de las eras más violentas y sangrientas en la historia reciente en México. El entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, envió más de 5 mil militares a Michoacán, con lo que inició la llamada “guerra contra las drogas”, estrategia que buscó “legitimar” su gobierno; pero lejos de lograrlo, hay una opinión general de que se trata de un desastre.

De acuerdo con el estudio “Federalismo drogas y violencia” de Guillermo Trejo y Sandra Ley, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los conflictos entre Calderón y la oposición –particularmente la izquierda que constantemente cuestionó la legalidad de su mandato– provocaron que las autoridades locales “enfrentaran solas la escalada de violencia para luego culparlas”.

“La razón principal por la que Felipe Calderón sacó los militares a las calles los primeros días de diciembre era para frenar los cuestionamientos de su gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto mantiene la estrategia como una cortina de humo para cubrir una forma cada vez más agresiva de represión. Se utiliza la táctica militar para fines políticos”, afirmó a CAPITALMEDIA el investigador de la UNAM, John Ackerman.

Entre 2007 y 2012 la violencia del narcotráfico se multiplicó por seis en el país y para fines de su administración se habían perdido más de 70 mil vidas; sin embargo, en los estados gobernados por la izquierda los crímenes de esta índole fueron cinco veces mayores, precisa el estudio.

“Indicaron que era una lucha contra los malos, contra los traficantes y el crimen organizado, más bien ha sido una guerra contra el pueblo mexicano, han utilizado el pretexto de la guerra contra el narco para atacar a los movimientos sociales, a los dirigentes sociales y criminalizar la protesta. No es en realidad un combate al crimen organizado sino a la sociedad”, apunta el académico.

El informe del CIDE sugiere que los estados dominados por el PAN experimentaron niveles menores de violencia que el resto del país, también indica que Calderón Hinojosa fue capaz de “alcanzar cierto nivel de cooperación” con mandatarios del PRI; mientras que con el PRD no hubo nivel significativo de colaboración.

“Su confrontación con gobernadores y alcaldes y su decisión de abandonarlos estratégicamente en la lucha contra los cárteles derivó en estallidos de violencia criminal, como muestra el caso de Michoacán”, indica el artículo.

El senador perredista Armando Ríos Piter declaró que la estrategia contra el narcotráfico del expresidente Calderón fue “un desastre” y en varios casos la ley fue utilizada “para satisfacer” al partido gobernante.

“Incluso, en el caso de Michoacán hubo casos de presidentes municipales que fueron atacados políticamente y después no se les mostraron hechos para satisfacer los intereses de un partido político”, acusó el legislador.

El senador panista José Luis Preciado consideró que más allá de los conflictos partidistas, lo que afectó la forma de coordinar y combatir el narcotráfico es la corrupción entre los gobernantes.

“El problema no es el partido político que gobierne, el problema son las alianzas oscuras que llegan a hacer quienes gobiernan con la delincuencia organizada”, dijo.