Incluirá Constitución revocación del mandato

La ciudadanía tendrá oportunidades reales de valorar las gestiones de los servidores públicos de la Ciudad de México porque la Constitución incluirá la figura jurídica de la revocación de mandato.

El Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias explicó: “esto significa que las autoridades electas por la ciudadanía también pueden ser removidos por la ciudadanía; si las pusieron con el voto, con el voto también las pueden mandar a su casa, si no cumplen con sus funciones y compromisos”.

Durante el foro Rumbo al Constituyente, organizado por el Foro Social Constituyente (FSC), agregó que la medida aplicaría a partir de la segunda mitad del mandato de los funcionarios y que para poder ser destituidos del cargo, se requerirá de al menos del mismo número de votos con los que accedieron al poder.

En el ex templo de Corpus Christi, Manuel Granados Covarrubias puntualizó que el texto constitucional prevé la obligatoriedad para que quienes se desempeñan en la administración pública presenten sus declaraciones patrimoniales, hacendarias y de conflictos de intereses.

Detalló que la medida robustecerá los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la capital del país para combatir la corrupción.

“Hoy vemos en muchos estados que los gobernantes se enriquecen y no pasa nada, no hay investigaciones ni posibilidades de que pisen la cárcel por corruptos; en el caso de la Ciudad de México con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, somos la única entidad en donde estamos obligados a presentar la declaración 3de3”, enfatizó.

“Con la Constitución, con la autonomía que se le da a la urbe, los diputados de la ciudad que viven su problemática y tienen el contacto directo con la sociedad, y no losde otras estados, podrán generar leyes acordes a las distinta realidades en las materias señaladas”, explicó.

El también secretario técnico del Grupo Redactor que apoya al titular del Ejecutivo local en la redacción de la Carta Magna, refirió que la nueva organización entre el Estado y los ciudadanos debe privilegiar la fuerza de las organizaciones sociales y la presencia de la ciudadanía en la toma de decisiones.