Justifica CCE declaraciones fiscales en “números rojos”

 

El SAT advirtió que declarar en ceros podría representar la comisión de un delito


El Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), rechazó que el sector privado esté llamando a no cumplir con las obligaciones tributarias en las entidades donde realiza bloqueos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sin embargo, aclaró que las declaraciones reflejarán lo que se esta viviendo en cada empresa, dónde no se haya ganado nada, e incluso en aquellas que hayan perdido mucho.

Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, señaló que los empresarios estarán siempre del lado del cumplimiento de la ley y por el respeto a las instituciones, al Estado y a la gobernabilidad. “Es importante dejarlo claro: no existe de parte de nuestro sector un llamado a incumplir con las obligaciones tributarias”, manifestó.

“Nuestra vocación es trabajar, seguir invirtiendo y generando empleos. No pedimos que se cancele el diálogo, al contrario, éste es indispensable. Sí demandamos que el proceso se sujete a principios y condiciones muy concretas, comenzando por acabar con las agresiones a la sociedad. Esto ya no puede ser una pieza de negociación”, indicó.

Precisó que en el sector empresarial han diseñado un mecanismo que les permite monitorear de manera integral y oportuna las afectaciones, en sus distintas variantes –lo mismo bloqueos que vandalismo para una oportuna solicitud de protección y apoyo de las autoridades.

Para el líder del CCE, “el Gobierno Federal cuenta con la legítima representación de la sociedad para sostener y llevar a buen puerto la interlocución con la CNTE, dentro de los márgenes establecidos por la ley y sus atribuciones específicas. El Estado tiene la facultad constitucional del monopolio de la fuerza para salvaguardar los derechos, integridad física y patrimonial de los ciudadanos, por supuesto, con eficacia, profesionalismo y pleno respeto de los derechos humanos”.

De hecho, dijo , la experiencia de este conflicto debería dar pie a modificaciones legales que garanticen la salvaguarda de derechos como el de libre tránsito.

“Es necesaria una regulación adecuada para las marchas y movilizaciones”, manifestó.