La senadora Alejandra León busca combatir la simulación laboral en México

Alejandra León Foto: Internet
Alejandra León Foto: Internet 

La iniciativa, que fue inscrita en la Gaceta del Senado, plantea que la simulación laboral representa un perjuicio para el Estado.


Con el fin de combatir y erradicar la simulación laboral en México, la senadora Alejandra León presentará una iniciativa para reformar el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo e imponer multas de 250 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización al patrón que encubra una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de cualquiera de los deberes u obligaciones que impone la ley.

La legisladora por el Partido del Trabajo comentó que “es nuestro deber como representantes populares, garantizar a los trabajadores las condiciones de bienestar laboral que les permitan tener una vida digna y plena, así como erradicar cualquier forma de fraude que vulnere sus derechos”, destacó la senadora por Baja California.

La iniciativa, que fue inscrita en la Gaceta del Senado, plantea que la simulación laboral representa un perjuicio para el Estado, ya que incrementa los niveles de informalidad y el gasto público en los programas cuyo propósito es atender a las personas que carecen de servicios sociales y de salud.

“La realidad económica actual, caracterizada por la globalización, la digitalización del trabajo y las constantes transformaciones tecnológicas de los sectores productivos ha dado surgimiento a un contexto laboral que se vuelve cada vez más competitivo”, mencionó.

En este sentido, señaló, esto se ha convertido en un nuevo reto para el marco jurídico laboral del Estado mexicano, pues las protecciones y garantías de la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo otorgan a la clase trabajadora han sido amenazadas por la aparición de nuevos esquemas de contratación.

Uno de esos esquemas, es aquel en el que se contrata al trabajador mediante un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios o por honorarios asimilables a salarios, con el objeto de negarle cualquier prestación o derecho.