La negativa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, obedeció a que se pretendía culpar a los empresarios de los errores del Gobierno Federal, por ello decidieron presentar un proyecto alternativo al de la presidencia mexicana.
Gustavo de Hoyos Walther, quien dijo que el planteamiento gubernamental “tuvo un mal comienzo”, detalló que su decisión de no suscribir el pacto que este lunes propuso el presidente Enrique Peña Nieto, se debe a que desde el planteamiento “hubo un gran error”.
El líder patronal ratificó su postura y presentó una propuesta alterna en donde participan gobernadores, organizaciones sindicales y sociales, pues aseguró que se necesita un acuerdo “que no tenga objetivos políticos o mediáticos solamente, sino uno que realmente toque la realidad de nuestro país”.
La propuesta que este martes presentó la Coparmex, en respuesta a la iniciativa presidencial,considera tres ejes: impulsar la economía familiar y la creación de empleo digno, mejorar las finanzas públicas así como promover estabilidad macroeconómica y promover el estado de derecho y el combate real a la corrupción.
La confederación propuso que se debe desaparecer 37 programas sociales a los que la Secretaría de Hacienda les sigue repartiendo recursos hasta por 200 mil millones de pesos, a pesar de que tienen observaciones por su alto “riesgo de ser usados de manera clientelar”; se apruebe la deducibilidad al ciento por ciento en las prestaciones, que se garantice que no habrá otro gasolinazo y se reduzca la cuota fija al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que fijó el Gobierno Federal a finales de año, y precisó que tan solo la reducción de un peso a este pago, llevaría a obtener 66 mil millones de pesos a las arcas nacionales y con ese excedente se podría mitigar el alza en los combustibles.
El presidente de la Coparmex añadió que se requiere mucho más que los acuerdos suscritos en la residencia oficial y exhortó para que, en adición al mismo, se consideren sus planteamientos y se analice la posibilidad de modificar el Impuesto Especial a Productos y Servicios. De Hoyos Walther insistió en abrir el diálogo y que éste sea inclusivo, al tiempo que rechazó un rompimiento con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya que se vale disentir ante una propuesta que se quedó corta y que no fue incluyente ante la sentida preocupación de la población por las alzas en combustibles y tarifas que han incidido en el bienestar.
Dijo que si bien los fundamentales económicos todavía no son preocupantes, sí lo es el sobreendeudamiento en el que se encuentra el país.
Además, sugirió que, en aras de la austeridad propuesta por el presidente, en la siguiente reforma política se elimine el arribo de diputados plurinominales y generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga cargas fiscales y de seguridad social, y vaya de manera inmediata a los bolsillos de los trabajadores.
“No hay división”: CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, advirtió que si en el país no se ataca la corrupción y la impunidad no tienen sustento las medidas de desarrollo y fortalecimiento económico.
En conferencia de prensa, el dirigente de la CCE consideró tan importante el combate a la corrupción como las 35 medidas contenidas en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Economía Familiar, mismo que, reiteró, no divide al sector empresarial, ya que, dijo, no se trató de una medida improvisada, “si fue fast track o no, hicimos nuestro mejor esfuerzo para sacar las medidas de fortalecimiento económico”.
Descartó que el sector empresarial actuara de improviso, puesto que ya se habían tenido pláticas desde octubre del año pasado, aunque entonces no habían hablado del aumento a la gasolina.
Sin embargo, apuntó que su adhesión al acuerdo, “no es un cheque en blanco, es un compromiso directo por parte del Gobierno Federal para controlar su gasto y, como primera medida, se comprometen a respetar el ajuste de 190 mil millones de pesos en el presupuesto y adicionan otros 500 millones de pesos por la reducción del 10 por ciento de ingresos y prestaciones a los funcionarios de alto nivel”.
