El partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que presentará una propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana para establecer sanciones a los jefes delegacionales que no ejerzan los recursos aprobados para el presupuesto participativo.
“No se vale el trato que dan a los ciudadanos que habitan en sus respectivas demarcaciones”, estableció el instituto político en un comunicado.
El boletín de prensa criticó que de mil 792 proyectos aprobados por el Instituto Electoral local, sólo 40 estén terminados, lo cual “habla de un desprecio e indiferencia a la participación ciudadana”.
Luego de que la Contraloría General local reveló que ocho jefes delegacionales no han ejercido los recursos del Presupuesto Participativo 2016, la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, que preside Esthela Damián, aseguró que la iniciativa que presentarán “contempla sanciones de tipo presupuestal a dichos servidores públicos”.
Anotó que de cara a la celebración de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, es necesario reformar la Ley en la materia a efecto de garantizar la ejecución de los proyectos por jefes delegacionales para el próximo año.
“La ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo ganadores en la Consulta Ciudadana, debe ser una garantía para todos los capitalinos que el 4 de Septiembre saldrán a emitir su opinión y para ello es necesario no solo contar con la voluntad de los jefes delegacionales, si no asegurar la obligatoriedad en la Ley”, anotó.
Informó que la propuesta de reforma prevé la posibilidad de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de la Ciudad de México, sea la encargada de ejecutar los recursos de Presupuesto Participativo, cuandoeste no se ejerza en el 35 por ciento de las Unidades Territoriales.
Comentó que que en caso de que los recursos no se ejerzan en el 50 por ciento de las Unidades Territoriales, la delegación deberá otorgar el doble de Presupuesto Participativo para todas las colonias de la demarcación el año posterior.
El presupuesto participativo es una herramienta de democracia participativa o de la democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos.
