Niega España liberar a uno de los “Porkys”

 

Diego Cruz y otros tres enfrentan cargos por participar en una violación múltiple


Diego Cruz, integrate de “los Porkys” y uno de los delincuentes más buscados en México, por la violación en contra de Daphne Fernández, registrada en 2015, declaró ante la justicia española que no participó en el crimen.

La Audiencia Nacional confirmó la formal prisión de Cruz, quién está en espera de ser extraditado a México.

En su petición de libertad, Diego Cruz alegó que no estaba huyendo de la justicia cuando fue detenido en Madrid, sino que viajó para cursar estudios en una universidad europea y, de hecho, tiene domicilio conocido en una residencia para estudiantes en la capital española.

Cruz también argumentó que tiene doble nacionalidad, que él “jamás” ha evadido la acción de la justicia, ya que compareció ante el juzgado de Veracruz que lleva el caso, en todas y cada unas de las ocasiones en que fue citado, que “no es un delincuente” y no participó en los abusos a la menor.

Sin embargo, la sala penal de la Audiencia Nacional rechazó estos argumentos porque “los hechos demuestran” que sí hay riesgo de fuga, ya que abandonó México “pese a tener conocimiento de que existía un procedimiento judicial contra él por hechos muy graves”.

Ante su desaparición, el Juzgado Tercero de Veracruz giró una orden de detención con fines de extradición.

El tribunal español aseguró que “no consta que en esas fechas iniciara actividad académica alguna”.

“Pero lo que resulta más significativo –añade la sala– es que, pese a negar su implicación en los hechos, no esté dispuesto a ser entregado a las autoridades judiciales del país del que es nacional y donde siempre ha residido”.

Para los jueces, “la salida cuando menos precipitada de México y la negativa a ser entregado”, en relación con la gravedad de los hechos que se le imputan –abusos sexuales a una menor–, “constituyen elementos suficientes para considerar que existe un elevado riesgo de fuga”.

Cruz deberá esperar la decision de la justicia española sobre la extradición a nuestro país, donde enfrentaría una pena de entre 12 y 40 años de prisión.