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Lunes 04 de Julio 2022

Plantea Olga Sánchez Cordero impulsar la autonomía de los poderes judiciales

Plantea Olga Sánchez Cordero impulsar la autonomía de los poderes judiciales
 

Sánchez Cordero destacó que en los últimos 3 años, los esfuerzos del Estado mexicano lograron bajas importantes en 16 de los 18 delitos de alto impacto a nivel federal.


Sólo con el fortalecimiento de los ministerios públicos locales, así como de las instituciones de impartición de justicia y judiciales, es como se logrará atender el reclamo de la ciudadanía para fortalecer el Estado de Derecho, advirtió la senadora Olga Sánchez Cordero.


Durante la presentación del el Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022 por parte de la Organización World Justice Project, la también presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República refirió que presentó dos iniciativas con el objetivo de fortalecer la autonomía de los poderes judiciales y de las fiscalías locales.


Detalló que una de las propuestas pretende mejorar y homologar los procedimientos mínimos para el nombramiento y remoción de las personas titulares de las fiscalías, los periodos, los mecanismos de ratificación y la base constitucional; así como para propiciar que se busque su autonomía presupuestal y la profesionalización en la carrera ministerial.


Desde la Antigua Sede del Senado, a la que asistieron senadores de diferentes grupos parlamentarios, Sánchez Cordero indicó que, desde la Constitución Política, se hará énfasis en la necesidad de fortalecer áreas como los servicios periciales y forenses.


En cuanto a la iniciativa que plantea impulsar la autonomía de los poderes judiciales, dijo que está encaminada a garantizar condiciones de seguridad para que los jueces y los magistrados locales no sean sometidos a presiones externas o incluso a las internas.

También pretende establecer la carrera judicial, como un estándar mínimo para definir una base para acceder al cargo de magistrado o de jueces; y la necesidad de un concurso de oposición en el proceso de designación.


La Ministra en retiro destacó que en los últimos tres años, los esfuerzos del Estado mexicano lograron bajas importantes en 16 de los 18 delitos de alto impacto a nivel federal.


Subrayó que, de ocho mil 199 carpetas de investigación mensuales, en 2019 pasaron a cinco mil 693 en todo en el fuero federal, lo que equivale a una reducción de 20 mil 759 expedientes menos.


En cuanto a homicidios dolosos, indicó que de enero a junio se redujeron de 17 mil 772 en 2018, a 16 mil 972 en 2021 gracias a los esfuerzos del Gobierno de la República, así como como a los cambios legislativos aprobados por mayoría, incluidos los votos de partidos de oposición.

Plantea Olga Sánchez Cordero impulsar la autonomía de los poderes judiciales


Al presentar el informe, el cual hace un análisis de las 32 entidades federativas en esta materia, desde una perspectiva ciudadana, el director de Proyectos de World Justice Project, Alejandro González Arreola, señaló que el Estado de Derecho en México, medido desde las entidades federativas, “es precario y se encuentra estancado”.


Ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto del análisis llega al 0.5, en escala del cero al uno, argumentó. El promedio de los estados del país es de 0.41, lo cual establece el tamaño de la brecha al que se quiere aspirar; es decir, se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea.


Refirió que, de todas las mediciones, 14 entidades retrocedieron en su puntuación, 12 se mantuvieron y seis lo incrementaron, respecto con el año pasado.


Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Querétaro con 0.49, Yucatán 0.47 y Guanajuato 0.46. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo 0.36, Morelos 0.35, y Guerrero 0.34.


Los factores que explican estas condiciones son los pesos y contrapesos que se han debilitado a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil, para cumplir con sus responsabilidades; y el estancamiento de los estados para controlar la corrupción.


Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, dijo que desde el gobierno se está respondiendo a las necesidades de la población, a través de “una fórmula peligrosa” que es la militarización como una forma de gestión pública.


Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, dijo que desde el Poder Legislativo es necesario que se ocupen las herramientas que tiene a su alcance para que el Congreso mexicano sea un contrapeso del Ejecutivo, “porque hoy no lo es y no hay límites al poder, no hay transparencia y no hay justicia”.


En su oportunidad, de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, dijo que en los resultados de este estudio demuestran que hay muy poco que celebrar, porque el informe refleja que prácticamente todos los estados, en todas las materias, “están prácticamente reprobados”.


Beatriz Paredes Rangel, del PRI, consideró que el Índice permite conocer de forma crítica la situación de México y hacer una introspección para poder salir adelante. Es importante que este material se distribuya en las escuelas de derecho, para que las y los futuros abogados conozcan la trascendencia y el compromiso de restablecer el Estado de Derecho.