Policía comunitaria, al filo de las leyes

La ausencia de un marco jurídico claro y la creciente desconfianza social hacia las fuerzas policiales de toda índole ha abierto las puertas al crecimiento de grupos armados que, bajo la figura de policías comunitarias, han convertido amplias zonas de Guerrero en territorios sin ley.

En varias comunidades de municipios de las regiones Centro y Costa Chica, estos grupos armados han sustituido a las policías municipales, porque, dicen, los uniformados no pasaban las pruebas de control de confianza.

Sin embargo, la creciente presencia de civiles armados ha causado al menos 50 muertes en los últimos 20 meses por enfrentamientos directos entre integrantes del Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), quienes ahora pelean por el control de los territorios que dicen proteger.

Para Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, estas organizaciones han buscado el control del territorio “para poder sustraer los apoyos económicos que requieren sus integrantes, por ejemplo (…) casi, casi piden derecho de piso, que están cobrando impuestos por ofrecer sus servicios de seguridad”.

De manera irregular, estas organizaciones instalan retenes, acuden a los comercios por el pago de una “cuota” y en ambos casos cuentan con armas de uso exclusivo del Ejército y hasta el momento ninguna autoridad conoce el estatus legal de este armamento.

Desde la comunidad de Xaltianguis, municipio de Acapulco, hasta El Ocotito y Petaquillas, dentro del municipio de Chilpancingo, incluso en colonias de la capital del estado se ven unidades de estos grupos recorriendo las calles.

Fusdeg y Upoeg aparecen como policías comunitarias, con uniformes, vehículos y armas y se dedican a pedir dinero, sin que ninguna autoridad constitucional pueda controlarlas.