Por mayoría de votos, SCJN declaró inconstitucional la primera parte del “Plan B” de la Reforma Electoral por violaciones graves al procedimiento legislativo
“A mi juicio, es contrario a la configuración representativa, republicana y democrática que prevé nuestro Texto Constitucional; por lo que reitero, considero que existen condiciones suficientes para declarar la invalidez del proceso legislativo en cuestión y consecuentemente, de las normas que derivaron del mismo”.
Con nueve votos a favor y dos en contra el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la primera parte del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, propuesta por el Ejecutivo federal.
Esto debido a que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo, ya que no se publicó con 24 horas de anticipación como lo refiere la ley; afectando así el proceso deliberativo, de las y los legisladores, en la aprobación de las leyes Generales de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas, violando los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana.
Las Ministras que votaron en contra son Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes se pronunciaron por no “reponer las etapas procesales”; para aprobar dicha reforma.
El Ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, argumentó que en el análisis de ambas leyes, los legisladores se “brincaron” el procedimiento legislativo ordinario, transgrediendo así la deliberación democrática.
“Principalmente a través del respeto a las reglas de votación, a la publicidad en el proceso legislativo, y en las votaciones mismas, incluyendo preponderantemente, el conocimiento de las iniciativas a discutir, de modo que se asegure la participación informada y libre de los legisladores, y la intervención de las minoría en la creación de las normas”.
El Ministro Pérez Dayán, explicó que los legisladores no respetaron la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el órgano legislativo, durante el proceso de creación normativa en condiciones de igualdad de libertad todo en un contexto de deliberación incluyente, publica y transparente.
“El Grupo Parlamentario de MORENA hizo suya la iniciativa del Ejecutivo Federal presentada minutos antes, relativa a la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con un mínimo ajuste, para darle así un trámite de urgente u obvia resolución, a pesar de que el Presidente de la República ya no podía presentar iniciativas con carácter preferente, ni solicitó o demostró la necesidad de que fueran tramitadas de esa forma”.
Con esto no existieron las condiciones necesarias para sostener un debate real, informado y con conocimiento del mismo, lo que incide de manera negativa en el sistema de representación democrático.
Finalmente Pérez Dayán, destacó que al no surtirse las condiciones mínimas exigidas por la Carta Fundamental y los reglamentos tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, privando a diversos representantes populares y, con ello, a quienes también representan, de participar de manera informada, igualitaria y libre en la deliberación democrática.
“Por lo que se acredita, a mi juicio, la existencia de las violaciones denunciadas y, desde luego, su poder invalidante frente a la inobservancia de los principios constitucionales que le rigen y, por lo mismo, se estiman fundados los conceptos de defensa que me llevan a proponer a ustedes la invalidez total del decreto combatido”.
La Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, enfatizó que discutir algo implica, tener conocimiento de lo que se va a discutir, por lo que difícilmente puede concluirse que la Cámara de Diputados se conocían las reformas que se votaron esa noche bajo una urgencia que no se demostró.
“Tan no quedó clara la urgencia que las iniciativas del presidente, iguales a las votadas, que pasaron a estudiarse en comisiones”.
Por su parte el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, consideró que la inobservancia de las formalidades legislativas imposibilita las condiciones que permiten la deliberación democrática en el órgano legislativo entero y afecta gravemente su carácter representativo.
“Por ello, considero, en teoría, resulta insuficiente para legitimar este proceso legislativo que prescinde de los trámites elementales que garantizan la toma de decisiones, en una forma deliberada y permite generar consensos razonados, por ello, votaré a favor de la propuesta”.
El Ministro Luis María Aguilar Morales, dijo estar de acuerdo con la propuesta de declarar la invalidez total del decreto impugnado porque, desde su perspectiva, se encuentran acreditadas múltiples violaciones al procedimiento legislativo que en forma individual serían suficientes para declarar la invalidez de todo el decreto, pero que al apreciarse en su conjunto alcanzan una escala de tal entidad que afecta gravemente a la democracia constitucional mexicana.
“La Constitución somos todos los mexicanos, la Constitución es voz del pueblo de México, y si no la respetamos y la defendemos desde los Poderes del Estado o desde mi convicción, en este caso, traicionaría el deber de lealtad que juré cuando asumí el cargo de Ministro de la Suprema Corte, para mí, como Juez Constitucional, esto no es posible”.
El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo, que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando.
“La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena fue presentada y sometida a votación de la Cámara de Diputados prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente, no hay constancia de la publicación previa conforme marcan las normas correspondientes, y tampoco tenemos constancia de que haya sido del conocimiento de las Diputadas y Diputados con la antelación necesaria para conocer a cabalidad su contenido y poderse posicionar y discutir”.
El Ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, afirmó que es clarísimo que la premura en que se llevan a cabo todos los supuestos se genera una especie de “Efecto Corruptor”, en el procedimiento legislativo.
El Ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, afirmó que hubo una violación al procedimiento legislativo con potencial invalidante, pues la forma de proceder en la aprobación de una iniciativa con proyecto de decreto que modificó un gran número de disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no permitió que las fuerzas políticas, sobre todo, las minoritarias hayan tenido conocimiento de lo que estarían por votar y discutir.
“Lo que, desde mi punto de vista, afecta la dignidad democrática de dichas reformas”.
El Ministro Javier Laynez Potisek, explicó como fue el procedimiento legislativo para la aprobación de dichas reformas, y avaló que la acción de inconstitucionalidad, se deriva de un control parlamentario en sede jurisdiccional para que la minoría pueda impugnar lo que hizo la mayoría cuando considera que “No se respetó el Texto Constitucional”.
Finalmente la Ministyra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, considderó que con la determinación de los legisladores de mayoría, la equidad en la deliberación parlamentaria fue violentada, al grado tal, que ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoco que no se conozca el contenido de la iniciativa.
“A mi juicio, es contrario a la configuración representativa, republicana y democrática que prevé nuestro Texto Constitucional; por lo que reitero, considero que existen condiciones suficientes para declarar la invalidez del proceso legislativo en cuestión y consecuentemente, de las normas que derivaron del mismo”.
Por casi tres horas las y los ministros del Pleno de la Corte, analizaron y discutieron primera parte del llamado “Plan B”, propuesto por el Ejecutivo Federal, sin embargo Nueve de los once ministros votaron a favor de la acción de inconstitucionalidad de la “Ley General de Comunicación Social” y de la “Ley General de Responsabilidades Administrativas” por falta de equidad.
Guillermo Espinosa / @Guiesga
AGM
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