Las bancadas del PRD y del Partido del Trabajo (PT) en el Senado continúan con su disputa por definir quién de las dos es la tercera fuerza política en esta cámara.
Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional del PRD, declaró que el que su partido sea la tercera fuerza política no es un asunto sujeto a interpretación, sino de legalidad.
Lamentó que los senadores del Partido del Trabajo, particularmente el coordinador del grupo, Manuel Bartlett Díaz y Miguel Barbosa Huerta, de reciente ingreso, tengan un “desconocimiento amplio de la ley”, particularmente, de lo que establece la Constitución Política para estos casos.
“Nosotros haremos valer lo que a derecho nos corresponde, no es un asunto de interpretación, es un asunto de legalidad. Quien decidió quien fuera la tercera fuerza en este Senado fueron los ciudadanos en la legislación anterior, que fue la que nos dio origen a nuestra llegada aquí y eso es lo que nosotros vamos a exigir que se haga valer.
No es un asunto que esté sujeto a interpretación, los senadores tienen la libertad de formar parte del grupo parlamentario que así decidan o no formar parte de un grupo parlamentario, pero lo que no está a discusión es lo que señala la Constitución”, aseveró Barrales.
Por su parte, Miguel Barbosa, que se sumó recién a la bancada del PT junto con otros ocho ex perredistas, reviró a Alejandra Barrales al declarar que la fuerza política de una bancada por representación popular es una argumentación inexistente.
“Los acuerdos políticos son entre grupos parlamentarios de acuerdo a su tamaño y el tamaño de los grupos parlamentarios los da sus integrantes. Un grupo parlamentario de 16 senadores requiere una representación diferente que un grupo parlamentario de 8 senadores, eso es lo que es, esa es la legalidad estricta”, afirmó.
En los próximos días, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política resolverán si el Partido del Trabajo, por aumentar de 7 a 16 senadores el número de sus integrantes, merece un mayor número de comisiones de las que tiene ahora, una vicepresidencia y la presidencia del Instituto Belisario Domínguez, que son algunas de sus exigencias.
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