Presidente de la Comisión de Vigilancia del CJF desmiente nota periodística que asegura “dan seguridad al 14% de jueces”

De acuerdo a la nota publicada, Cruz Ramos, señaló que la supuesta relación entre 303 peticiones y 42 asignaciones de medidas de seguridad es incorrecta.
Guillermo Espinosa Publicado el
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El Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Jorge Antonio Cruz Ramos, desmintió esta tarde; una nota publicada por Periódico Reforma, en la que asegura: “Dan seguridad al 14% de jueces”.

“Es categóricamente falsa la supuesta afirmación que a quienes soliciten medidas de seguridad se les cambie de adscripción, la política de adscripción sigue una lógica de fortalecimiento para los circuitos y ha sido un elemento para romper redes de nepotismo y conflicto de intereses”.

El Consejero, aseguró que es falso que las y los juzgadores que cuentan con protección tengan que cubrir gastos relacionados con los elementos de seguridad puestos a su disposición.

“Dichos costos están previstos y los asume completamente el Consejo de la Judicatura Federal”

De acuerdo a la nota publicada, Cruz Ramos, señaló que la supuesta relación entre 303 peticiones y 42 asignaciones de medidas de seguridad es incorrecta.

“De entrada, el periódico se equivoca al presentar el porcentaje y hacer una división entre peticiones y asignaciones, año con año, y a lo largo de cada uno, existen variaciones debido a que la situación de riesgo cambia con el tiempo”.

El titular de la Comisión de Vigilancia del CJF, destacó que las medidas de seguridad se revisan periódicamente bajo la base de las solicitudes de sus destinatarios. Dichas solicitudes ocurren más de una vez por un mismo juzgador a lo largo del tiempo.

“Comisión de Vigilancia que presido parte de la buena fe de las solicitudes realizadas por las y los juzgadores para obtener seguridad derivado de un riesgo latente o potencial”.

“Quiero ser muy claro: con el simple relato de dicho riesgo se procede al otorgamiento de medidas provisionales que concluyen con una revisión integral del caso, que no quepa duda alguna: para la Comisión de Vigilancia, y el CJF, la integridad de nuestros servidores públicos es prioridad, Nuestras políticas están orientadas a fortalecer su independencia y autonomía”, finalizó

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