Ante la falta de seguridad y atención a las adicciones en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima –donde se detectó venta de heroína y casos de ictericia por hepatitis tóxica– que derivaron en la muerte de 13 internos en 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 49/2016, dirigida al gobernador José Ignacio Peralta.
El organismo nacional constató que la autoridad penitenciaria omitió sus obligaciones de brindar una vigilancia adecuada, lo que permitió el ingreso y consumo de sustancias ilícitas, poniendo en riesgo la estabilidad del Cereso y la salud de la población de reos.
El caso lo atrajo la CNDH el 18 de enero de este año, luego de la publicación de notas periodísticas del 20, 21, 22 y 27 de noviembre de 2015, que dieron cuenta de una posible epidemia de hepatitis en el penal.
Pese a que en octubre y noviembre de 2015 empezaron las revisiones en módulos para la detección de sustancias ilícitas, no se logró decomisarlas; además de que, entre noviembre de 2015 y enero de 2016, se documentaron casos de ictericia por hepatitis tóxica, que provocaron la muerte de 13 personas.
La CNDH señaló que la deficiencia en la seguridad y control por parte del personal de seguridad y custodia, se originó al no detectar sustancias nocivas desde su ingreso al Cereso, y su posterior distribución, por no contar con equipo detector de sustancias ilícitas, además de que se conoció que un interno vendía heroína e instrumentos punzocortantes “hechizos”, así como jeringas.
Se apreció un inadecuado e insuficiente tratamiento de la población con adicciones, facilitando su uso y abuso en condiciones de insalubridad, lo que provocó cuadros de hepatitis tóxica y vulneró el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad, observándose además que el número de personas incluidas en el programa de desintoxicación voluntaria que opera en el centro de reclusión es reducido.
