PRI propone reformas contra hostigamiento y acoso sexual

Tan solo durante el año 2017 se registraron 145 denuncias en 51 dependencias gubernamentales por acoso sexual y hostigamiento, indicó la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Soraya Pérez Munguía.

Señaló que en el “Informe estadístico de registro de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública federal (APF) 2017” de Inmujeres, del total de denuncias, el 91 por ciento de los casos son mujeres y el ocho por ciento son hombres y el uno por ciento, no se especifica el sexo.

En el informe se señala que los hombres de 45 a 59 años de edad fueron el grupo que representó más denuncias con un 34 por ciento; mientras que casi el 50 por ciento de los casos reportados estuvieron vinculados directamente a actos o proposiciones de carácter sexual.

Ante ello, la priista tabasqueña subrayó la necesidad de que se dictamine la iniciativa que presentó a través de la cual se busca combatir el hostigamiento y acoso sexual en la administración pública federal, que se encuentra en la Comisión de Gobernación y Población.

Indicó que las cifras sobre acoso y hostigamiento son tan solo una estimación debido a que muchos casos no son denunciados, los cuales pueden llegar a elevarse hasta un 99.7 por ciento, según datos revelados por México Evalúa.

La legisladora del PRI, por este motivo, propone reformar los artículos 21, 22, 59 y 60 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Dijo que el nombramiento de los servidores profesionales de carrera dejará de surtir efectos cuando cometan actos de hostigamiento, acoso laboral o sexual contra cualquier persona en las instalaciones en que está su lugar de trabajo, así como cuando haya violaciones graves o reiteradas al Código de Ética establecido por la dependencia de que se trate.

La propuesta también estipula que los aspirantes a ingresar al Sistema de Servicio Profesional de Carrera (SSPC) no podrá haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y trata de personas.