Propone priista castigar con 5 años de prisión preventiva matrimonios forzados de menores

El Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con reformas al Código Penal Federal para que el matrimonio forzado en menores y la venta de niñas sean considerados delitos graves.

La legisladora priista Eufrosina Cruz Mendoza propuso sancionar con pena privativa de libertad de dos a cinco años de prisión y multa de doscientos a quinientos Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes realicen dichas prácticas.

Asimismo, plantea que el autor del delito pierda la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y los derechos que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima.

Expuso, al presentar su iniciativa ante el Pleno en la sesión de este jueves, que los matrimonios forzados son el reflejo de la desigualdad, la discriminación y la desprotección que viven las mujeres indígenas, que se debe enfrentar, por ello deben ser catalogados como un hecho grave y tener consecuencias.

Dijo que con su iniciativa de reforma busca erradicarlos y frenar esta violación a los derechos humanos.

Plantea que se adicione el Capítulo IX del matrimonio forzado de menores al Código Penal Federal, en materia del Derecho Humano a una Vida Libre de Violencia, pues señaló que estas uniones son una forma de violencia y de esclavitud que se esconde en “la tradición de nuestros pueblos originarios”.

Propone priista castigar con 5 años de prisión preventiva matrimonios forzados de menores

Cruz Mendoza manifestó que es una burda manipulación del derecho de las mujeres, especialmente de las niñas, a una vida libre de violencia.

“Los abusos y costumbres forman parte de una moralidad hipócrita, no solo de la sociedad en su conjunto sino del Estado mismo y de sus instituciones, “ignorando a lo largo de siglos el llanto, el miedo y la humillación de nuestras madres, hermanas e hijas en esas comunidades, en las cuales se padecen cuatro discriminaciones: por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas y por ser niñas”.

Ante ello, la legisladora oaxaqueña propone que el matrimonio forzado de menores se sancione con pena privativa de libertad de dos a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Además, se le impondrá la misma pena privativa de libertad y multa a toda persona que auxilie e incite o sea testigo en la realización del ilícito.

También comete el delito de matrimonio forzado de menores, explicó, toda persona que, mediante el uso de la fuerza física, engaño, privación de libertad u otra conducta ilícita, obligue a una menor de edad a contraer matrimonio, así como la entrega de pagos para lograr el consentimiento de la menor.

Insistió en que los matrimonios forzados, además de ser una forma de violencia familiar, son resultado del entrecruce de un sistema patriarcal hegemónico en las comunidades con la complicidad de las autoridades tradicionales, municipales, estatales y federales. Es una situación, agregó, en la que viven y crecen miles de niñas en las comunidades indígenas y aformexicanas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco y casi todo el sureste de México.