Propone PT que ministros de la Corte e integrantes del Consejo de la Judicatura rindan cuentas ante diputados y senadores

 

Los diputados del PT, Benjamín Robles y Maribel Martínez, propusieron una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de rendición de cuentas.


Los diputados del PT, Benjamín Robles y Maribel Martínez, propusieron una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de rendición de cuentas.

Ambos legisladores plantean que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los integrantes del Consejo Judicatura Federal sean citados a comparecer tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados con el fin de ampliar la información de sus informes de labores.

Argumentaron que el Poder Judicial de la Federación se ha convertido en un Poder fuera de toda rendición de cuentas y se ha colocado por encima de cualquier mecanismo democrático elemental de contrapeso. Ha tergiversado su autonomía para convertirla en una auténtica autocracia.

Indicaron que la autonomía, bajo ninguna circunstancia, debe ser malentendida como un pretexto para evadir los mecanismos de control por parte de los otros Poderes. “El hecho de no tener ninguna subordinación ni ser sujeto de presión alguna en sus determinaciones, no implica no rendir cuentas a nadie”.

Por ello, ambos petistas plantean que los impartidores de justicia de ambas instituciones deberán rendir cuentas ante los representantes populares como ocurre con los integrantes del gabinete del Ejecutivo federal.

Las comparecencias ante las Cámaras del Congreso deberán contar con la presencia de la totalidad de integrantes de la Corte o de la Judicatura, y las Cámaras no podrán, bajo ninguna circunstancia, citar a comparecer a una Ministra o Ministro, ni a una Consejera o Consejero de manera individual, ni tampoco podrán citar a comparecer a un grupo de ellas y ellos. De esa manera se garantizará que se trate de comparecencias institucionales.

Señalaron que dichas comparecencias no implican una vulneración a la autonomía del Poder Judicial, toda vez que no se prevé, en principio, ninguna clase de imposición de sanciones por parte del Poder Legislativo, únicamente se trata de un mecanismo en el que el Poder Judicial, bajo protesta de decir verdad, amplíe información al Poder Legislativo de manera pública, sin que ello comprometa en forma alguna la obligatoriedad de sus resoluciones.

Tampoco implica ninguna forma de subordinación, simplemente se trata de que las y los integrantes del Poder Judicial amplíen ante la representación popular la información dada a conocer en el informe anual de labores.

AGM