La sanción conocida como “Muerte Civil”, que se refiere al retiro de algunos derechos civiles, como forma de castigo por delitos de corrupción cometidos será analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la finalidad de conocer si es Constitucional o no.
La acción de inconstitucionalidad de la “Muerte Civil”, fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra de esta sanción o castigo, contemplado en las leyes del Estado de Jalisco.
En la acción de inconstitucionalidad, promovida por la CNDH, la llamada “Muerte Civil” es un castigo desproporcionado con la gravedad del delito de corrupción, pues significa prácticamente aislar a una persona de la sociedad.
En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, está contemplada la figura de “Muerte Civil” mediante una Reforma ya aprobada por el Senado de la República, aunque falta que sea aprobada por la Cámara de Diputados.
