Segob tendrá control de archivos del país

Académicos, especialistas e historiadores cuestionaron y exigieron se modifique la iniciativa que expide la Ley General de Archivos, que hace dos semanas presentaron los senadores Cristina Díaz Salazar, del PRI; Laura Rojas Hernández, del PAN y Zoé Robledo Aburto, del PRD, por otorgar a la Secretaría de Gobernación el control total de los archivos del país.

Mauricio Merino, presidente del Consejo Académico del Archivo General de la Nación e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), alertó que aprobar esta ley en sus términos sería una grave amenaza de regresión política para el país y para el Sistema Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción.

“No hay una sola razón para que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos, que no sea la del poder político. Hemos pedido que el Archivo General de la Nación deje de ser una dependencia dirigida políticamente por Gobernación”.

La directora ejecutiva por la Red y Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales, criticó que con esta ley, la política nacional archivística quede en manos de políticos.

Alfredo Ávila Rueda, investigador B del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, manifestó su preocupación por la mala redacción de la iniciativa. Resaltó que la ley en sus términos pone en riesgo la conservación de archivos históricos.

Aurora Gómez Galvarriato, ex directora general del Archivo General de la Nación (AGN), también cuestionó la propuesta de los senadores Díaz Salazar, Rojas Hernández y Robledo Aburto, por su contenido ambiguo.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló que la iniciativa de Ley General de Archivos que el 17 se noviembre se presentó en el pleno del Senado representa una oportunidad para acceder al acervo archivístico del país, sin embargo, la propuesta obstaculiza el acceso libre, público e irrestricto a los archivos históricos y preserva el control político de la administración de los mismos en detrimento de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, precisa el documento.