Senado aprueba reforma a la Constitución en materia de seguridad

El pleno del Senado aprobó con 102 votos en pro, 6 en contra y dos abstenciones, con modificaciones la iniciativa de reforma a la Constitución en materia de seguridad pública, del presidente Enrique Peña Nieto, que establece la intervención de las Fuerzas Federales de Seguridad en estados y municipios que hayan sido infiltrados por la delincuencia organizada.

Esta modifica los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 de la Carta Magna.

A propuesta del PAN, en el caso de la intervención de la Federación a entidades federativas, se requerirá de la aprobación del Senado de la República.

La intervención podrá consistir en la remoción y nombramiento de mandos, la reestructuración organizacional y de procedimientos.

Sin embargo, será en la legislación secundaria en la que se precisará los casos en que las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales y las municipales bajo el mando de las estatales o federales.

Se homologan los protocolos de actuación, de desempeño y operación de las instituciones policiales, incluido el uso legítimo de la fuerza.

Habrá un Servicio Nacional Profesional Policial que contempla la homologación de normas y procedimientos, de reclutamiento, ingreso, formación, capacitación permanente, remuneración mínima, carrera profesional, estímulos, reconocimiento, disciplina y prestaciones complementarias de todas las instituciones policiales del país.

Se mantiene vigente el diseño del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo titular es el electo por el Senado a propuesta del presidente de la República.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Enrique Burgos García, señaló que el objetivo primordial de construir, mantener y fortalecer las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno, para cumplir los propósitos de salvaguardar la integridad y derecho de las personas y de preservar las libertades, el orden y la paz públicos, a través de la función de seguridad que le es esencial a la formación política estatal.

“Llegamos a la articulación de un modelo que distingue grados en la necesidad de actuación de otro orden de gobierno. Aspira a la adaptabilidad frente a situaciones diferentes y considera la opinión y determinación del orden de gobierno, que puede estar en una situación de infiltración por la delincuencia organizada”.

El perredista Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, precisó que el dictamen respeta las competencias municipales, para que asuman plenamente sus responsabilidades en materia de seguridad pública, además de que se respeta la soberanía local.

“Lejos de cancelar la responsabilidad de seguridad pública en los municipios, la creación de la policía de proximidad con competencias claras para aplicar los bandos de policía y gobierno, tránsito y vialidad, así como la imposición de sanciones por infracciones administrativas en los municipios, lo cual da certeza”.

Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública sin haber aprobado la evaluación, cumplir los requisitos que determine la ley y haber sido registrado.

Fernando Yunes Márquez, del PAN y presidente de la Comisión de Justicia, señaló que con esta reforma se dará prioridad a la reconstrucción de las instituciones policiales, evaluación de las mismas y tiempos de reclutamiento y formación de su personal, capacidades presupuestales y procesos de verificación y evaluación.

“Se desvinculará a los municipios de la obligación de actuar ante el delito del narcomenudeo, de tal suerte que sea competencia exclusiva de la Federación y las entidades federativas; se crean controles de pesos y contrapesos para el eficiente y eficaz ejercicio de las funciones de seguridad y medidas coercitivas para aquellos que nos las cumplan”.

Los cambios sugeridos por el Partido Acción Nacional, se aceptaron luego que el 5 de junio pasado, sus candidatos ganaron siete gubernaturas del país.

El PAN pidió una aplicación de mayores controles, para evitar una intervención discrecional de la Federación en los estados donde ahora serán gobierno.

JCA