Senador propone reformas a la Ley del REPUVE para coadyubar en materia de seguridad

El senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, propuso la iniciativa de reforma a la Ley del Registro Público Vehicular (REPUVE) para elevar a rango de ley y como obligatorio para las entidades federativas el colocado de constancias de inscripción a los vehículos que circulan en territorio nacional, y así estar en posibilidades de contribuir en el combate a la inseguridad en el país.

La Ley del REPUVE es una norma administrativa mediante la que se emiten sanciones; sin embargo, el Registro Público Vehicular forma parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual recientemente pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que se debe precisar que este es un órgano desconcentrado de esa autoridad.

Con las modificaciones a los artículos 2,15, 25 y 26 de la Ley del REPUVE, Peralta Suárez planteó que dicho marco jurídico amplíe y defina sus alcances no sólo a las personas físicas o morales que se dedican al ensamblaje de vehículos, sino también a los fabricantes e importadores, quienes comercializan en México.

Con los cambios en el artículo 15, que es la inscripción definitiva para vehículos nuevos, se precisa que se realizará una sola vez y será obligatoria y, en el caso de los usados, se efectuará por la instancia correspondiente de cada entidad en la que se encuentren registrados.

En los artículos 25 y 26 se establecen las infracciones en las que se incurriría al efectuar extemporáneamente la inscripción de un vehículo o la presentación de cualquier aviso en el Registro, excediendo los plazos señalados en el reglamento de la Ley, a la vez que se estipulan las posibles multas que alcanzan distintas Unidades de Medidas de Actualización.

El senador por Tabasco sostuvo que para dar cumplimiento al objetivo de la Ley del REPUVE es necesario llevar a cabo algunas adecuaciones, toda vez que ésta se publicó el 1 de septiembre de 2004 para dar certeza jurídica a los ciudadanos en la compraventa de vehículos, evitar que la delincuencia actúe con impunidad y detectar el origen y destino de todos los vehículos.

Entre las inconsistencias, Peralta Suárez citó que en la fracción V del artículo 2 de la Ley del REPUVE se refiere a las ensambladoras como las personas físicas o morales que se dediquen a la fabricación, ensamblaje o importación para comercializar vehículos nuevos; sin embargo, las fábricas ensamblan, pero las ensambladoras no fabrican, por lo que se trata de sujetos obligados distintos.

Puntualizó que a fin de emitir autos de autoridad debidamente fundamentados y homologar la información, se requiere adecuar el nombre de la Institución de la cual el Secretariado Ejecutivo del SNSP es un órgano desconcentrado, ya que de acuerdo con un decreto publicado en 2018 se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la que se le otorgó la función de coordinar y supervisar la operación del REPUVE a través de dicho Secretariado Ejecutivo.

Subrayó que en el artículo 15 de la Ley se observa que la obligación del colocado de la constancia de inscripción se constriñe o se limita a los vehículos nuevos, y no establece la obligación de quien llevará a cabo la inscripción y colocado de constancias en los vehículos usados.

Ovidio Peralta sugirió también que en relación con el tema todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes se ajusten o adecuen como Unidad de Medida y Actualización, como se estableció en la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el 30 de diciembre de 2016.

Indicó que, pese a que en el ejercicio fiscal 2009 se suscribieron Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, entre la Secretaría de Seguridad Pública y las 32 entidades federativas, para superar las inconsistencias y avanzar en el REPUVE, a la fecha un gran número de vehículos que circulan en territorio nacional siguen sin contar con la constancia de inscripción.