El PAN, PRI y PRD que conforman la coalición legislativa Va por México en la Cámara de Diputados, solicitó al presidente de la Mesa Directiva de este órgano parlamentario, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, promueva una demanda de controversia constitucional contra el llamado “decretazo” del titular del Ejecutivo Federal.
La solicitud se hizo a través de la Junta de Coordinación Política que encabeza el priista Rubén Moreira.
Recordaron los legisladores de oposición que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de noviembre del año pasado se publico un decreto, por instrucción presidencial, por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura.
Con este fin, el decreto gubernamental instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, permisos o licencias provisionales, de manera “fast track”, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno de México. Estos documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que habrán de obtener las autorizaciones definitivas.
Los grupos parlamentarios coordinados por Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa Cházaro, del PAN, PRI y PRD, respectivamente, consideran que ese acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal.
Las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales, apuntan en el documento, además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional.
Advierten que vulnera el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgaran si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto social de los proyectos y con las autorizaciones provisionales, se crea una figura no prevista en la ley.
“Al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional esos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y en consecuencia se alentará la opacidad”, señalan las fracciones parlamentarias de la coalición PAN-PRI-PRD, para luego subrayar que “no es legal ni constitucional que el Ejecutivo Federal cree excepciones mediante acuerdos unilaterales y sin fundamento legal”.
Para sustentar la demanda de la controversia constitucional, los legisladores indican que el acuerdo viola las atribuciones conferidas exclusivamente al poder legislativo al instruir la realización de acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes Federales y Generales que fueron votadas y aprobadas por el Poder Legislativo, por lo que quebranta el principio de división de poderes establecida en la Carta Magna.
El plazo de presentación de la demanda vence el próximo 19 de enero de 2022.
