Ven ONG “limpieza social” en desalojos de los sin casa

Tras el desalojo de 20 jóvenes “sin casa” la semana pasada en Artículo 123, ONG interpretan una estrategia de “limpieza social” sin respeto a su dignidad y otros derechos, misma que desde 1995 ha provocado seis recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) local.

Para organizaciones de la sociedad civil, esta acción es la consumación de una serie de actos de intimidación que se han realizado en la CDMX en los últimos años.

Pese a que en los últimos 18 meses se negociaba con la administración de Miguel Ángel Mancera para que se respetara la integridad de la población callejera y se abrieran espacios de desarrollo.

Para Luis Enrique Hernández, director de la asociación El Caracol, las autoridades no tienen voluntad política para atender a quienes viven y duermen en las calles y se les niega además el acceso a opciones de educación y desarrollo.

Sólo les dan “programas de corte asistencial, que no promueven el desarrollo, sin educadores de calle”, pese a que los estándares internacionales sustentan que el acceso a educación permite su reinserción.

“Ha imperado en la delegación Cuauhtémoc una visión de tolerancia cero desde hace mucho tiempo. Hemos documentado con la Comisión de Derechos Humanos desde 2005 acciones sistemáticas de limpieza social”, refirió.

Agregó que la administración de Ricardo Monreal ha presumido el desalojo de 22 grupos de personas “sin casa” de agosto a la fecha, sin aclarar a dónde los llevan.

Mientras que Nisaly Brito, de Comenta, Diálogo, Saberes, A C, afirmó que la ciudad enfrenta una situación particular en este tema y reconoció que pese a retrocesos, “como el reciente en el Centro Histórico (Artículo 123)”, también ha habido avances.

Entre éstos está el Protocolo de Atención a Población Callejera, el primero en el país, que les da derecho a niños y adolescentes a vivir en familia y en comunidad, además del derecho de las madres para prevenir y evitar la violencia obstétrica.

Además de Hogar CDMX, para que las madres en situación de pobreza fortalezcan “la autonomía económica y que la calle no sea la última alternativa de supervivencia”.

Agregó que acciones como el desalojo del 8 de febrero muestra que “la limpieza social es un tema no resuelto en la ciudad y que sigue imperando la mirada criminalizante y discriminatoria y se priorizando a otros sectores de la sociedad donde no cabe la población callejera”.

En el mismo sentido, Gabriel Rojas, de Educación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle afirmó que el operativo en Artículo 123 se suma a otros actos recientes de intimidación.

Entre éstos, lo sucedido en bajopuentes del paradero de Tasqueña, donde prendieron fuego y destruyeron las pocas posesiones del grupo que duerme en esa zona.

Alertó que este tipo de acciones sólo incrementan la estigmatización de quienes viven en la calle, lo que podría derivar en más actos de violencia donde la autoridad sería responsable por acción u omisión, pero que pone en riesgo la integridad y vida de quienes viven en las calles.

Contra la Constitución

Ya con la Carta magna local en vigencia (en septiembre de 2018), el Gobierno central y la delegación habrían violado la “Carta de Derechos” al desalojar con uso de la fuerza y sin previo aviso a niños y jóvenes el 8 de febrero, de los cuales algunos fueron llevados a desintoxicación.

Esto, debido a que el Artículo 11, Inciso K de la Constitución capitalina estipula: “Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra sin su autorizacións”.