El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Rafael Ruiz Lastre, denunció que como parte de la política de austeridad que viene aplicando el Gobierno Federal, fue desaparecida la dirección adjunta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Indico que la encargada de despecho del CONADIS, Alicia Loza García Formentí, (aún no se ha nombrado titular), había sido citada a comparecer ante integrantes de esta comisión para hablar sobre la instalación y funcionamiento del Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
Sin embargo, el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional informó que recibió un oficio firmado por la propia Alicia Loza García en la que le informa la desaparición del cargo que ocupaba, de acuerdo con la Ley Federal de Austeridad Republicana.
El diputado federal por el estado de Hidalgo, quien es invidente, considero que esto representa un retroceso para las personas con discapacidad.
Afirmó que el CONADIS no puede desaparecer por orden gubernamental, ya que necesariamente se tiene que cambiar el artículo primero constitucional, que equipara a los instrumentos internacionales al nivel de la Constitución del artículo primero, que versa principalmente sobre la protección de los derechos de las personas con o sin discapacidad”.
Ruiz Lustre preciso que en ese artículo de la Carta Magna está claramente establecido el derecho de todos los mexicanos, por lo que necesariamente se le tiene que dar cumplimiento.
“Luego entonces, desaparecer el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad sería ir en retroactivo y México tendría que salirse de las convenciones internacionales en esta materia”.
Asimismo, cuestionó la pensión de mil 275 pesos mensuales que el gobierno federal da a las personas con discapacidad no resuelve todas sus necesidades.
“Derechos a la cultura, a la salud, a la educación, a la rehabilitación, al transporte, a la comunicación, a la información. Los mil 275 pesos mensuales no se cubren esos derechos. Si se va a dar a un millón de personas tendríamos mil 275 millones de pesos mensuales”.
Propuso cambiar de un modelo asistencialista por un modelo de empoderamiento, “pero para ello tendríamos que tener a un director general por parte de (secretaría) de Bienestar y de otros asesores que le han dicho al presidente que no debe nombrar al director de este organismo porque lo va a desaparecer”.
