Diputados de oposición reiteran su rechazo a la desaparición de fideicomisos

Diputados del PAN y del PRI reiteraron su rotundo rechazo a la pretensión del Gobierno Federal de desaparecer los fideicomisos en ciencia y tecnología y en materia de educación, ya que se afectaría la investigación y a millones de estudiantes.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista, afirmó que los recursos de los fideicomisos son fiscalizados y fiscalizables.
“Tienen una visión de mediano plazo y dan garantía para las finanzas públicas y, sobre todo, tienen un mayor control de transparencia”, puntualizó el coordinador del PAN.
Al expresar su preocupación por la posible desaparición de los fondos mixtos y fondos sectoriales en ciencia y tecnología,, el panista guanajuatense afirmó que sería un error monumental.
Señaló que insistir en lo contrario “es no entender el origen de esos fondos, los fondos sectoriales se diseñaron para alinear las prioridades de las entidades y las secretarías, junto con la comunidad académica y los fondos mixtos para conocer las necesidades locales”.
Indicó que es necesario evitar los falsos dilemas de la ciencia básica y la ciencia aplicada, ya que existe ciencia y aplicaciones de la ciencia, además considera que lo que se necesita es excelencia académica y pertinencia social y sostuvo que los fondos no pueden desaparecer.
Añadió que es necesario tener una mejor riqueza colegiada en el manejo de los fondos para que desaparezca cualquier sombra de duda, de posible corrupción y seguir trabajando como país para potenciar todos estos esfuerzos.
Por su parte, las priistas Martha Garay Cadena y Hortensia Noroña Quezada, advirtieron que al menos un millón de estudiantes, de los cuales 621 mil tienen una discapacidad, están en riesgo de perder sus estudios de nivel de enseñanza media, por la arbitrariedad del Gobierno federal de extinguir el Fideicomiso del Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta.
Dijeron que despojar de los 144.9 millones de pesos al fideicomiso, implica truncar el deseo de preparación académica de esta población escolar vulnerable y el despido de profesores y personal administrativo.
“El Gobierno federal empeña el futuro de este millón de jóvenes estudiantes y sus profesores, al quitarles recursos previamente asignados y ahora ese dinero público se va a regalar como dádivas proselitistas para intentar mantener los niveles perdidos de popularidad y aprobación entre quienes votarán el próximo año”, dijo Noroña Quezada.
Ambos legisladoras solicitaron a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, salvaguarden los derechos de la plantilla docente, muchos de ellos, personal capacitado en lenguaje de señas, sistema Braille o sofware que atiende a las personas con discapacidad visual y que están adscritos a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).