Prepara nueva controversia para frenar bonillazo en Baja California

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias constitucionales de los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja California, contra la “Ley Bonilla”, la diputada local Eva María Vázquez Hernández anunció nuevas impugnaciones a la normatividad.

La ley, aún sin publicar en el Diario de la Federación, extiende el mandato del próximo gobernador de Baja California de dos a cinco años, por lo que el pleno de la SCJN decidió no dar paso a las controversias.

El argumento de máximo tribunal del país fue que fueron promovidas “contra actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”.

En entrevista con Vladimir Galeana, la legisladora panista, señaló que con esas controversias se pretendía fijar un precedente para que no se consientan actos ilegales como la publicación de esa norma, que según Vázquez es a todas luces violatoria del Estado de Derecho.

Aunque Francisco Vega, gobernador de Baja California, se niegue a publicarla, el Congreso tiene facultades para publicarla.

Anunció que en coordinación con el PAN nacional se combatirá nuevamente el ordenamiento en subsecuentes procesos, en su caso su publicación cuando sea presentada.

El martes, en sesión extraordinaria a puerta cerrada, el Congreso de Baja California validó la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla.

Al respecto, Vazquez aseguró que se trata de una sesión ilegal, en virtud de que se desahogó en un municipio y sede distinta al del Poder Legislativo, a puerta cerrada y fuera de todo acceso a la ciudadanía.

Aseguró que originalmente los legisladores fueron citados para responder al exhorto del Congreso de la Unión para que no aprobaran la reforma; sin embargo, se cambió la finalidad de la reunión y que se acordó aprobar la ampliación de mandato.

Los diputados locales validaron la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución estatal, con la que se extiende el mandato del gobernador electo morenista, que comenzará el 1 de noviembre de 2019 y terminará el 21 de octubre de 2024.

Vázquez Hernández también denunció la ilegalidad del cambio de presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, durante una reunión de trabajo celebrada en Ensenada, donde la panista fue destituida y Claudia Agatón Muñiz, del Partido del Trabajo, ocupó el cargo.

“De manera ilegal, se llevó a cabo una reunión de diputados que pretendieron darle carácter de sesión de la Jucopo, lo cual es absolutamente ilegal, dado que la presidencia la tengo yo y no convoqué”, externó.

La legisladora recordó que hay versiones que acusan presuntos sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma que permitiera a Bonilla aumentar de dos a cinco años su periodo de gobierno.

Jaime Martínez Veloz, excandidato a gobernador por el PRD, presentó en conjunto con la dirección nacional de ese partido la denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, “para que se investiguen posibles sobornos a los diputados que avalaron la ‘Ley Bonilla’”.

Sin embargo, para Vázquez Hernández resulta extraño que la acusación fue hecha por el priista Édgar Benjamín Gómez Macías, quien al final votó en favor de la reforma.

 

 

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Preparan acciones

Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática anunciaron que presentarán en lo individual acciones de inconstitucionalidad contra la reforma a la Constitución de Baja California que amplía el mandato de 2 a 5 años del gobernador morenista Jaime Bonilla.

Los senadores del PAN, Kenia López y Damián Zepeda, lamentaron la decisión del Congreso de esa entidad de declarar la validez constitucional de esta reforma, porque representa un retroceso en la democracia, para las instituciones y en la vida de México.

El excoordinador de la bancada, Damián Zepeda, criticó el silencio que guarda el presidente Andrés Manuel López en este asunto.

La expresidenta del PRI y diputada federal, Dulce María Sauri, declaró que su partido está listo para interponer los recursos legales que la Constitución Política marca para estos casos.

Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, anunció que su partido promoverá también amparos colectivos para proteger a los bajacalifornianos de esta ilegalidad.

Martí Batres, presidente del Senado, sólo recomendó a los partidos políticos acudir a la Corte para que sea la que resuelva sobre la legalidad y la constitucionalidad de la reforma aprobada por los diputados bajacalifornianos.

La oposición reiteró que el Ejecutivo Federal tiene la facultad legal, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, de interponer una acción de inconstitucionalidad contra lo que decretó el Congreso de Baja California. (Con información de Víctor Mayén)

 

Baños de pureza

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, indicó que los “mismos panistas, los mismos que se quejan y se dan baños de pureza, son los que votaron esa ley.

Advirtió que el actual Jefe del Ejecutivo Estatal, Francisco Vega de Lamadrid, tiene que publicar la reforma al artículo 8, para que sea vigente, debe estar consciente que es su propio Congreso el que está votando.

Bonilla también negó que haya sobornado a los diputados del Congreso local para aprobar la refoma que amplía su mandato de dos a cinco años.

“A nadie le ponen la pistola en la cabeza, ya está muy choteado el dicho de que los corrompieron, que lo comprueben, es muy fácil hacer señalamientos de ese tipo, los he oído a la izquierda y a la derecha, a nadie le ponen la pistola en la cabeza para que voten”, aseguró en un comunicado.

La reforma fue ratificada por mayoría legislativa en sesión extraordinaria la tarde del martes, en el salón Forjadores del Palacio Municipal de Playas de Rosarito, para ordenar que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado en el plazo de diez días.

 

 

Pésimo mensaje

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, calificó de preocupante la ampliación del mandato en Baja California.

“Estamos frente a una alteración grave del orden constitucional; lo que amerita es que en algún momento la Corte se pronuncie al respecto”, dijo en entrevista a medios de comunicación durante su visita a Querétaro.

El funcionario electoral calificó de pésimo mensaje lo ocurrido en Baja California, donde el Congreso estatal validó la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador.

“Nadie cuestiona una elección que se haya llevado bien y nadie cuestiona el triunfo electoral inobjetable, pero cambiar las reglas del juego me parece que es inaceptable desde el punto de vista democrático”, puntualizó.

Córdova Vianello reiteró que alterar “las reglas del juego una vez que terminó el partido” es algo que va en contra de la lógica y del constitucionalismo moderno.

Llamó a los actores correspondientes presentar las controversias, como son los partidos políticos o la misma Presidencia de México.