Resuelve el TEPJF denuncia a favor del PRD contra servidores públicos que promovieron imagen de AMLO en programas sociales

 

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados celebró que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a partir de una queja presentada por el partido, haya resuelto que los servidores de la nación violaron la Constitución de la República al promover la imagen presidencial en la […]


El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados celebró que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a partir de una queja presentada por el partido, haya resuelto que los servidores de la nación violaron la Constitución de la República al promover la imagen presidencial en la entrega de los programas sociales del Gobierno federal.

El TEPF resolvió que delegados, subdelegados y servidores de la nación hicieron mal uso de recursos públicos y realizaron promoción personalizada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que vulneraron el artículo 134 párrafos 7 y 8 de la Constitución, al ejecutar y luego difundir en redes sociales publicaciones donde dan cuenta de la ejecución de programas sociales utilizando una indumentaria donde aparecen el nombre del mandatario y atribuyendo a él la indicación para entregar los apoyos citados

Sin embargo, la decisión exoneró al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y al Coordinador General de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal, Gabriel García Hernández, de haber cometido tales infracciones, ya que “no existen hechos propios que les puedan ser reprochables en la ejecución de las conductas denunciadas”, según el Tribunal; por lo que el PRD analiza la posibilidad de impugnar la sentencia.

En opinión del GPPRD, los magistrados no se atrevieron a señalar la responsabilidad del Presidente y por ello lo exoneraron, lo mismo que a miembros de su gabinete.

“Pero, sobre todo, no se animaron a catalogar estas conductas como una operación nacional, sistemática, dirigida desde la oficina presidencial”, lamentaron.