Marco Antonio, a clases; sus custodios no entran

Marco Antonio “N”, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) y luego desapareció por cinco días, regresó a clases a la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM el pasado 7 de agosto.

Después de siete meses de los hechos en que el joven fue detenido y desaparecido, la víctima regresó a la escuela, aunque perdió el pasado semestre debido a las secuelas psicológicas y emocionales que sufrió luego del aseguramiento.

Con base en las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó que el joven entró a clases a la Preparatoria número 8, sin embargo, los agentes de la Gendarmería de la Policía Federal encargados de su custodia no pudieron ingresar, porque lo impide el reglamento interno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y es que las medidas cautelares, impuestas por el juez Cuarto de Distrito de Amparo Penal y el Primer Tribunal Colegiado, indican que Marco Antonio debe contar con una guardia permanente de 24 horas, debido a las violaciones de derechos humanos e integridad física que sufrió, presuntamente, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

Dicha situación ha generado contratiempos, no sólo para las autoridades, quienes han manifestado que no son la corporación indicada para custodiar al menor, sino a los propios familiares.

“La directora general adjunta de la División de Gendarmería de la Policía Federal, hace del conocimiento que el día 7 del presente, el quejoso acudió a clases en la preparatoria. Sin embargo, al querer ingresar a las instalaciones de dicha institución académica, personal de la misma negó el acceso a los policías federales que lo custodiaban”, indicó la corporación.

“Por lo que manifiesta encontrarse imposibilitados para realizar la custodia del adolescente y garantizar su integridad mientras se encuentre en el interior de la preparatoria referida”, dice la notificación judicial.

En anteriores notificaciones se ordenó una serie de medidas de protección para la víctima y sus familiares, y ante cualquier agravio en contra de ellos, la responsabilidad recaería en las autoridades federales.

Sin embargo, a lo largo de estos siete meses se ha dificultado la protección del joven, pues tanto las autoridades hospitalarias, las encargadas de su custodia y aquellas que llevan las investigaciones han referido conductas que no facilitan su trabajo.