Sociedad Civil rechaza política errática del INM

Organizaciones de la Sociedad Civil, desenmascararon al Instituto Nacional de Migración (INM) quien supuestamente habría engañado a Organismos Internacionales de la ONU, defensores de Derechos Humanos al deportar a cientos de migrantes centro americanos, mientras realizaban visitas a los centros migratorios, en la frontera sur, así lo denunció Rita Marcela Robles del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

“El daño que hicieron a las personas, a todas estas personas que deportaron, y digámoslo como debe de ser, fueron traídas al aeropuerto de Toluca o fueron traídas a la Ciudad de México para su deportación mientras entraban Agencias de Naciones Unidas a la Estación Migratoria Siglo XXI, a hacer una observación o una inspección de las condiciones pero estando ya limpia la estación migratoria”.

La defensora y activista señaló que el hecho es muy grave, ya que es muy valioso que las Agencias de Naciones unidas entren a dichos centros migratorios pero no suplen el trabajo de la sociedad civil.

“Nosotros hacemos representación legal, las Agencias no pueden hacer eso, el discurso oficial señala que están abiertos a la entrada de esas agencias pero no se puede comparar el trabajo que se hace”.

Las organizaciones rechazaron y lamentaron el Oficio emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) en días pasados, el cual, impide a las Organizaciones de la Sociedad Civil y Asociaciones religiosas ingresar a los Centros Migratorios.

“El daño está hecho, en otras ocasiones anteriores había sido muy focalizado en organizaciones particularmente, pero que se hayan atrevido a hacer un oficio general, eso en ninguna Administración lo habíamos vivido, bueno ni siquiera en la Administración más violenta que hemos tenido que es la de Felipe Calderón habíamos vivido una circunstancia de este tipo”.

La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-México, Tania Reneau, aseguró que “el desorden, la inconsistencia y el juego organizacional e institucional de oficios” que ha emitido el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) llegan en un contexto donde se pueden tener dudas muy razonables, de porque se impide el acceso a la Sociedad Civil a centros migratorios.

“Probablemente no se deja entrar a las sociedad civil, para que no se constate el desorden, que incurren las estaciones migratorias, a lo que eufemísticamente llamamos en México alojamientos que no son otra cosa que centros de detención donde la tutela de cuidado pertenece al Estado y en esos centros las personas no pueden decidir cuando entran y cuando salen”.

Tania Reneau, explicó en qué contexto se deriva toda esta “Crisis Migratoria”, la cual deriva de una política migratoria más vinculada a las presiones que puede ejercer el vecino país del Norte, antes que por intereses y perspectivas que originalmente prometió la Cuarta Transformación y recordó la amenaza del incremento de aranceles en la negociación del T-MEC a México, de no tomar acciones contra los flujos migrantes.

“Y a partir de ahí empieza una política de hacerle realidad el muro a Trump, nos hemos convertido en el brazo ejecutivo del muro de Trump, y en el traspatio de la gestión de la Migración de los Estados Unidos”.

Tania Reneau, destacó que la Guardia Nacional tiene facultades para detener a personas migrantes, lo que no se había visto con tanta claridad dejando un mensaje muy claro.

“Las personas migrantes pueden ser tratadas, como aquellas que irrumpen la Ley y se asocia la migración como un delito cuando de ninguna manera migrar es un delito”.

La muestra está, dijo Reneau, en que se desplegó a elementos de la Guardia Nacional (GN) a contenerlos flujos migratorios en la frontera sur.

“Ni el Instituto Nacional de Migración, ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, han sido fortalecidas o nos han presentado una política clara, sobre la migración, por lo que se ve el brazo ejecutivo a la Guardia Nacional deteniendo a los flujos migratorios”.

La representante de Amnistía Internacional en México, recordó que este 30 de enero se cumple un año del programa “Quédate en México”, o de los protocolos de protección de los Estados Unidos que mandata que las personas que buscan refugio en el vecino país del Norte, deben regresar a México una vez que se hacen las primeras audiencias para determinar su calidad de asilo político o refugio.

“Así la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, se ha convertido en un verdadero espacio, de contención migratoria, donde la sociedad civil ha hecho un trabajo extraordinario para acoger y cuidar a las personas migrantes, estamos hablando de señales de una política migratoria que no respeta los derechos humanos y que adicionalmente confluye y dialoga con la política xenófoba del Presidente Trump”.

Por su parte, Quetzalcóatl Fontanot, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, señaló que las organizaciones actúan de buena fe, y sin acusar a ningún funcionario en particular, aseguró que el Estado mexicano en su conjunto con las responsabilidades de la legislación local y los tratados Internacionales, están teniendo una política “Migratoria Errática”, lo que es preocupante, propiciado desde la emisión de oficios, dimes y diretes, afirmaciones y desmentidos entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Lo que le exigimos al Estado mexicano es que clarifique sus políticas y que cumpla, garantizando los derechos que ha firmado y que ha adquirido, tanto en la legislación local como en la legislación internacional”.

Luego de la suspensión del ingreso de Asociaciones Religiosas y Organizaciones de Sociedad Civil, las ONG´s, a estaciones migratorias y estancias provisionales, hasta nuevo aviso, señalaron:

“Nuestro rechazo a una política de Estado errática que vulnerabiliza sistemáticamente los derechos de la población migrante y sujeta de protección internacional y pretende obstaculizar nuestro derecho a defender derechos humanos”.

Los organismos señalaron que esta situación se suma a una serie de acciones precedentes documentadas desde el año 2017, lo cual resulta sumamente preocupante, pues implica un obstáculo al ejercicio del derecho a defender derechos humanos, pero sobre todo una agravante al derecho a recibir asistencia, acompañamiento integral y representación legal de la población migrante y con necesidades de protección internacional en detención migratoria.

“Las organizaciones firmantes de este pronunciamiento rechazamos categóricamente las diversas medidas que en este sentido se han tomado recientemente y reiteramos nuestra preocupación porque negamos que se trate de un malentendido, como pretende hacerlo creer el INM a través de su Boletín No. 035/2020”

“Tenemos conocimiento de la negativa a renovar permisos de ingreso solicitados desde el año pasado, esta situación aunada al discurso que desde los más altos cargos de gobierno existe en contra de las organizaciones de la sociedad civil, nos alerta pues implica una acción de criminalización hacia nuestro trabajo”.

Posteriormente los organismos civiles hicieron públicas las exigencias y un llamado al Estado mexicano, para aceptar y otorgar lo más pronto posible las facilidades necesarias para la realización de la visita “in loco” de la CIDH a las Fronteras Sur y Norte.

1. Abstenerse de cualquier acción que criminalice y obstaculice el derecho a defender derechos humanos, a través de la labor de monitoreo de las organizaciones de la sociedad civil.

2. Reactivar, de manera inmediata, el ingreso de las organizaciones que realizan acciones de monitoreo, acompañamiento y de representación legal a las estaciones migratorias y estancias provisionales, sin restricciones respecto al permiso de acceso y en cuanto a los lugares de monitoreo.

3. Eliminar los obstáculos que se han generado para la renovación de permisos de entrada a estaciones migratorias y a estancias provisionales para las organizaciones de sociedad civil que han presentado solicitudes y que han cumplido con los requisitos en tiempo y forma de acuerdo al marco legal vigente.

4. Aceptar oficialmente el carácter de lugares de privación de libertad que tienen las estaciones migratorias y estancias provisionales a cargo del INM, y garantizar por lo tanto estándares de trato adecuados a las personas detenidas, incluyendo su derecho a contar con acompañamiento integral de la sociedad civil.

Estas demandas las harán llegar a diversas instancias del Gobierno Federal.