Advierte la senadora Lucía Trasviña ciberdelincuencia con dispositivos móviles

Los avances tecnológicos en el mundo son cada vez mayores y su crecimiento exponencial suma múltiples factores de riesgo, que amenazan desde los dispositivos móviles que se utilizan diariamente hasta la Seguridad Nacional de un país, alertó la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República, Lucía Trasviña Waldenrath.

Ante esta situación, la senadora de Morena, en conjunto con el Proyecto GLACY+ del Consejo de Europa y en coordinación con el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), encabezó el Taller “Evaluación legislativa y misión consultiva sobre legislación en materia de ciberdelincuencia, capítulo México”.

La legisladora explicó que este ejercicio tiene la finalidad de que expertos en la materia brinden información y herramientas necesarias a los y las legisladoras, para tener un panorama amplio del tema y poder trabajar e implementar un plan de acción en el área de la ciberseguridad.

Lucía Trasviña recordó que la tendencia internacional ha sido efectuar acciones que combatan estos delitos, y en México, con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tenemos el compromiso de impulsar un marco regulatorio robusto que combata los ilícitos que se cometan con el uso de las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial y el Internet.

Recordó que ha presentado diversas iniciativas en la materia, con el objeto de contar con un marco regulatorio que coadyuve a llenar el vacío legal que existe y proteja a ciudadanos e instituciones de estos delincuentes.

Como ejemplo citó la iniciativa para expedir la Ley General de Ciberseguridad, que tendrá por objeto regular la integración, organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Ciberseguridad y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Otra iniciativa que presentó la legisladora propone reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, relativo a ciber delitos o delitos cometidos por medio de sistemas informáticos, así como el proyecto que reforma la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que propone incluir en la legislación la figura de incidentes cibernéticos con el objeto de crear un registro nacional de éstos.

“Consientes que una respuesta contundente a la ciberdelincuencia empieza por una legislación sólida, alineada con los estándares internacionales, las autoridades nacionales están actualmente en proceso de reformar el marco legal relacionado con la ciberdelincuencia y las pruebas electrónicas, teniendo en cuenta las mejoras que puedan aportarse tanto al código Penal Federal como al Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes adicionales”, señaló.

Ariel José Alvarado Urbina, secretario ejecutivo del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centro América y la Cuenca del Caribe, mencionó que este taller brinda la oportunidad de ampliar el conocimiento y fortalecer las capacidades de respuesta frente al ciberdelito, que es una amenaza en constante evolución que afecta a todos los rincones del mundo.

En este sentido, destacó que el Convenio de Budapest es un instrumento internacional que representa una acción fundamental en la lucha contra los ciberdelitos, pero su ratificación y aplicación adecuada son esenciales para salvaguardar la integridad de nuestras sociedades en un mundo digital cada vez más interconectado.

Ana Elefterescu, responsable del proyecto “GLACY+” del Consejo de Europa, dijo que es necesario fortalecer la capacidad de hacer frente a la ciberdelincuencia, porque a nivel mundial “es un problema que pone vulnerable a empresas, instituciones y ciudadanos ante hackeos de información personal”.

Indicó que, para hacer frente a dichas amenazas, se requiere un ecosistema más amplio de leyes que aborden por un lado la protección y prevención contra hackeos de datos personales, así como mejorar la capacidad de las autoridades de justicia penal para intervenir contra estos delitos.

AGM