“El espectro de crímenes y delitos contra niñas, niños y adolescentes es gigantesco”, denuncia Josefina Vázquez Mota

La senadora panista, Josefina Vázquez Mota denunció que actualmente entre 35 mil a 45 mil menores están reclutados de manera forzada por el crimen organizado; además, de enero a mayo de este año, fueron asesinados mil 34, es decir, un promedio de siete víctimas diariamente.

Refirió que hoy sobreviven en el país miles de huérfanas y huérfanos que han perdido a sus padres en manos de criminales. “El espectro de crímenes y delitos contra niñas, niños y adolescentes es gigantesco”, lamentó.

Agregó que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha denunciado que, en los últimos días, la sociedad ha atestiguado el patrón criminal de ataques directos y masacres en contra de los menores.

Vázquez Mota consideró indispensable garantizar que las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, sean objeto de todos los esfuerzos institucionales necesarios que busquen su protección. El objetivo, dijo, es prevenir que crezca cada día la cifra de menores que se encuentran vinculados a la delincuencia organizada.

Ante ello, la senadora hizo un llamado a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para que garanticen los derechos de este sector poblacional y eviten que sean víctimas de la delincuencia organizada, reconociendo sus condiciones de exclusión social, entre ellas, pobreza, trabajo infantil y discriminación por ser indígenas.

Además, exhortó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a que atienda, proteja y salvaguarde a las niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada y coadyuve con las autoridades de la Ciudad de México para garantizar los derechos de los menores y presenten un plan integral para prevenir y atender la violencia de grupos criminales en su contra.

Mediante un punto de acuerdo, la legisladora de Acción Nacional también pidió a la Fiscalía General de Justicia de la capital que garantice el derecho de acceso a la justicia de las víctimas directas y evite acciones que pudieran revictimizarlas, incluyendo la sanción de los funcionarios que hagan del conocimiento público, información de la carpeta de investigación y dilación en el procedimiento de búsqueda inmediata.