El marco jurídico es poco efectivo en redes sociales: Monreal

Sin la representación de empresas como Facebook o Twitter, pero sí expertos en la materia, el Senado y la UNAM llevaron a cabo el primer debate a distancia para armar una iniciativa que regule las redes sociales sobre el Proyecto de Iniciativa de Ley para Regular las Redes Sociales que plantea el senador Ricardo Monreal.

Al inicio de los trabajos, el legislador por Morena reconoció que el marco jurídico de nuestro país y en general en el mundo, se muestra limitado y poco efectivo para hacer frente al reto jurídico de establecer y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de cualquier usuario de las redes sociales, sin incurrir en actos de censura.

Aclaró que su proyecto de iniciativa deja a salvo el derecho de los usuarios y se protege la libertad de expresión, que es la principal guía y principal propósito.
La idea del foro, dijo, es contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de los mexicanos y las mexicanas, en un entorno en que las redes sociales promueven la cercanía, intensifican la comunicación, estrechan las interacciones entre la gente e impactan cada aspecto de la vida cotidiana desde los gobiernos, desde la sociedad civil surgen interrogantes acerca del alcance y la suficiencia de su regulación en virtud de los potenciales riesgos para los usuarios y para los estados nacionales.
En la reunión se estableció que la importancia de nuestro país para las empresas de redes sociales es enorme, ya que México es uno de los países de habla hispana que mayor uso hace de ella: de los 131 millones de habitantes, 67 por ciento son usuarios activos.

En Youtube, interactúan 86 millones de personas, mientras que Facebook ocupa el segundo puesto con 84.9 millones; Instagram, por su parte, cuenta con 29.5 millones; y usuarios de LinkedIn con 13.1, y Twitter con 9.4 millones.

En las redes sociales también existe un enorme campo donde se presentan fenómenos nocivos como: creación de cuentas falsas, mensajes discriminatorios y racistas, discursos de odio, el ciberacoso, la pornografía infantil, trata de personas, sin embargo, no están regulados.

Este vacío implica que los derechos humanos de los usuarios están desprotegidos y en cualquier parte del mundo, le corresponde hacerlo al Estado, quien debe garantizar la plena efectividad de los derechos y las libertades de todas las personas que hacen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.