El senador Joel Padilla pide garantizar el derecho a una defensa legal justa a indígenas y personas sordas

El senador Joel Padilla Peña denunció que, desde hace décadas, el sistema de justicia penal se encuentra en crisis y uno de los elementos de esa crisis radica en que las autoridades no respetan las garantías procesales del imputado o abusan de su condición de pobreza, analfabetismo o vulnerabilidad.

Por ello, propuso modificaciones al Artículo 20 de la Constitución Política, para garantizar el derecho a una defensa penal justa a las personas con alguna discapacidad auditiva.

El también vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, destacó que el Estado debe garantizar a todas las personas indígenas, así como las personas con alguna discapacidad, el ejercicio pleno del derecho a una defensa para que nunca más se encuentre una persona en prisión por no comprender los hechos por los que se le acusa.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2017 en el país más de 8 mil indígenas se encontraban privados de su libertad por cometer diversos delitos con la particularidad de que la mayoría de los procedimientos están plagados de irregularidades, lo cual inicia con la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, así como el desdeño de sus casos por parte del ministerio público y los jueces.

El senador Padilla Peña afirmó que las principales problemáticas relacionadas con indígenas en reclusión se caracterizan por la falta de intérpretes y traductores; defensores que hablen su lengua; falta de conocimiento de los usos y costumbres de la comunidad a la que pertenecen; así como la discriminación de la que son objeto por parte de los integrantes del sistema de justicia penal.

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, el legislador por Colima señala que estas ven vulnerado su derecho de acceso a la justicia cuando enfrentan un proceso jurídico y no cuentan con intérpretes de lenguaje de señas, “lo que provoca que las personas sordas no puedan ejercer cabalmente su derecho a la defensa”.