Durante el foro regional “Diálogo por el Bienestar y Justicia” que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados organiza para debatir las reformas constitucionales y legales del Ejecutivo Federal en materia de pensiones, desaparición de órganos autónomos y reforma al Poder Judicial, entre otras, especialistas, académicos y líderes sindicales se manifestaron en contra.
Adriana Aguilar Arias, investigadora del programa “Transparencia en la justicia” de México Evalúa, reconoció que el Poder Judicial requiere de una reforma profunda, pero se expresó en contra de que los juzgadores en elegidos por popular y la sustitución de los consejos de las judicaturas estatales por dos entes, uno enfocado a labores administrativas y otro llamado tribunal de disciplina judicial, cuyos integrantes serían también por voto popular.
Dijo que la designación por voto popular politizaría los nombramientos y pondría en mayor riesgo la independencia judicial.
En cuanto al Tribunal de Disciplina, dijo, se podrían en riesgo la independencia del órgano y se arriesgarían las garantías procesales de las personas juzgadoras. Llamó a fortalecer a los poderes judiciales locales con un presupuesto suficiente, mayor independencia del órgano de control interno, y políticas anticorrupción.
El especialista en derecho constitucional y administrativo, Rodrigo Cervera Aguilar, argumentó que los organismos públicos autónomos son un mecanismo e instrumento para asegurar la eficiencia en el desempeño de una función especializada y no son para contraponerse al Poder Ejecutivo, pero deben ser evaluados periódicamente y conocerse el resultado de su gestión.
Indicó que con estos organismos se busca garantizar la neutralidad ideológica, la imparcialidad y despolitización; de ahí que se necesitan mecanismos donde se privilegien perfiles independientes de los intereses partidista. “Hay que ver caso por caso de cada organismo”.
Al hablar sobre la iniciativa en materia de pensiones, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, dijo estar en total desacuerdo. “De ninguna manera creemos que sea ayudarlos el utilizar los recursos de las y los trabajadores para resolver los problemas”.
Lamentó de dónde se quieren obtener recursos para crear el Fondo de Pensiones para Bienestar.
Por su parte, el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, externó su preocupación con la iniciativa en materia de vivienda, dado que el número de personas trabajadoras del país asciende a 62 millones, pero solamente 22.3 millones cotizan ante el Infonavit.
Alertó que se pretenda que el Infonavit sea una institución gubernamental cuando el tripartismo ha demostrado éxito, pero hace falta autonomía de gestión. Pidió bajar de 1080 a 500 puntos el requisito para solicitar un crédito de vivienda. Lamentó que no se haya tomado en cuenta a la clase obrera y a los trabajadores.
Por su parte, Carlos Javier Gutiérrez Ruiz, director Sectorial Empresarial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), indicó que las iniciativas en materia de vivienda y pensiones suprimen el derecho de los trabajadores sobre los ahorros de su propiedad, ya que evitan formar un patrimonio familiar y los orientan al gasto para renta de una casa en perjuicio de su pensión; no consideran el riesgo financiero para el fondo ni toman en cuenta la deteriorada capacidad operativa del instituto.
Añadió que se equivocan al proponer convertir al Infonavit como el responsable de un sistema de vivienda que hoy corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Se va a afectar a más de 70 millones de derechohabientes del Infonavit; de ahí que la iniciativa exhibe confusión, inconsistencias y carencia de un sustento financiero y operativo, advirtió.
AGM
