Impulsa Morena reforma para fortalecer los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia

Con el fin de eliminar cualquier resquicio que permita refugiarse en la impunidad, Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa que expida la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, propuso.

Rubén Cayetano García manifestó que México realiza un proceso de transformación en su vida pública a través del combate a la corrupción política y gubernamental, así como al fenómeno de la impunidad que “como todos sabemos se ha refugiado por décadas en el fuero”.

El legislador guerrerense comentó que el fuero es una figura constitucional mal empleada, que concede impunidad procesal penal a altos servidores públicos, utilizada para fraguar un esquema de protección a las complejas redes de la corrupción y a la delincuencia organizada desde la función pública.

Indicó que su propuesta de ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución, en materia de juicio político y declaración de procedencia, y tiene por objeto regular: los sujetos de responsabilidad política en el servicio público; las causas y sanciones en el juicio político; las autoridades competentes y el procedimiento en el juicio político; sujetos de responsabilidad penal; autoridades competentes y el procedimiento para declarar la procedencia, así como las autoridades competentes y el procedimiento para proceder penalmente contra el Presidente de la República.

Cayetano García manifestó que las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución para eliminar el sistema de impunidad que privilegiaba al Presidente de la República están sustentados en esta iniciativa, ya que Morena ha impulsado, decididamente y sin miramientos, la activación del procedimiento de declaración de procedencia para que el fuero no sea un generador de impunidad.

También regula el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al presidente cuando, en el ejercicio de su función, incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.