Mujeres protegen a mujeres

Son mujeres. Son feministas. Son funcionarias públicas. Desde el ámbito de sus responsabilidades, promueven y defienden los derechos humanos de todos los habitantes de la Ciudad de México, pero cuando 69.88 por ciento de los casos de discriminación obedecen a cuestiones de género, su perfil potencia las acciones afirmativas que corrigen desigualdades y agresiones.

Desde hace poco más de un año, la capital del país tiene una Constitución Política propia que es eminentemente garantista, pero aún enfrenta una cultura machista, misógina y homofóbica que, en la práctica, anula un marco jurídico de avanzada, lo que explica que entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2017, de un total de mil 347 casos de discriminación, 941 de las víctimas fueran mujeres, según los registros del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

Un par de casos paradigmáticos son los de Berenice y Heydi, la primera despedida de su empleo como ejecutiva de marketing digital por su embarazo, mientras que a la segunda le negaron su derecho a jugar en ligas de voleibol femenil por ser una persona transgénero.

Ambas acudieron por su cuenta al Copred, que las reconoció como víctimas de discriminación y logró para ellas sendos acuerdos conciliatorios.

En Copred, su presidenta, Jaqueline L’Hoist Tapia, valora el trabajo de las mujeres que, como ella, están al frente de organismos públicos garantes de derechos humanos. A su conocimiento y experiencia en la materia le suman un enfoque integral de protección de derechos humanos con visión de género, lo que a ella le permite “reconocer en mí misma acciones afirmativas de equidad”.

Para Rosario Ortiz Magallón, secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de la ciudad, las mujeres tienen una participación cada vez más activa en la defensa y protección de garantías.

“Las mujeres que hemos llegado a estos puestos es justo porque tenemos una formación feminista y muchos años de trabajo en organizaciones de la sociedad civil, de colocar el tema de los derechos, de hacer incidencia legislativa, de ir abarcando cada vez más espacios de la política para estar en el posicionamiento y en la propuesta de los derechos humanos en general, pero haciendo énfasis en el tema de los derechos de las mujeres”, dice Ortiz Magallón.

Ser mujer no garantiza una visión de derechos humanos con perspectiva de género, dice la abogada, académica y activista María del Socorro Damián Escobar, quien da asesoría y acompañamiento jurídico a estudiantes víctimas de violencia en la UNAM. Desde esa experiencia, sostiene: “No es por arte de magia que si una mujer accede a puestos de decisión la situación de las mujeres va a mejorar en automá- tico. Mujeres que no tienen un enfoque feminista al llegar a un cargo público, difícilmente lo adquirirán”.

Machismo y transfobia

Las historias de Berenice y Heydi son ejemplo de discriminación y violencia de género, pero también ilustran cómo un marco jurídico favorable a los derechos humanos no basta para generar el cambio cultural de una sociedad que aún discrimina a las mujeres por ser mujeres… o sólo por querer serlo.

Berenice tiene 33 años de edad y fue despedida de su trabajo por embarazarse; Heidy tiene 42 años y le negaron el derecho a jugar voleibol por ser una persona transgénero.

Cuando tenía 18 años, Miguel Torres Sandoval empezó a jugar voleibol en ligas amateur de la Ciudad de México. Para cuando cumplió 30 había iniciado su cambio de género y se pasó a las ligas femeniles. Desde 2016 legalmente se llama Heydi Torres Sandoval.

El 10 de septiembre pasado Antonio Uribe, coordinador de una liga de voleibol femenil en el deportivo “Eduardo Molina” de la Delegación Venustiano Carranza, le dijo a Heidy que ya no podía jugar con mujeres porque, “como hombre”, tenía más fuerza que el resto de jugadoras.

A finales de ese mes, Heydi fue al Copred, a la Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza y al Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) a denunciar la discriminación y a exigir sus derechos como jugadora. En la primera semana de octubre, la Jefatura Delegacional y el Indeporte le entregaron oficios con logos y sellos oficiales dirigidos al coordinador de la liga, en los que advierten que no hay motivo para que le negaran jugar. Además, Uribe fue citado por Copred a una audiencia conciliatoria junto con Heydi, a finales de octubre. Una semana después, a inicios de noviembre, la voleibolista y el coordinador de la liga femenil firmaron un acta conciliatoria en la que se establece el derecho de Heydi a seguir jugando y que negarle ese derecho es un acto de discriminación.

A Uribe le salió barato. En la Ciudad de México, la discriminación está tipificada como delito, al igual que en los estados de Aguascalientes, Colima, Coahuila, Chiapas, Durango, México, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

La historia de Berenice Yazmín Esqueda Juárez comenzó también en septiembre del año pasado. El jueves 7 compartió la noticia de su primer embarazo con su jefa Gabriela Villagrán, directora comercial del Grupo de Asistencia Vial, S.A. (GAVSA), empresa consultora en seguros y fianzas ubicada en la Delegación Álvaro Obregón.

Dos semanas después, el viernes 22 de septiembre, Berenice fue citada a una reunión con funcionarios de las áreas comercial, financiera y de recursos humanos de la empresa, en la que le notificaron su despido. No le explicaron ningún motivo. Ella asumió que el despido fue por su gravidez y no por su desempeño profesional como ejecutiva de marketing digital de la empresa.

En octubre, Berenice acudió a Copred, que en la primera quincena de noviembre emitió una resolución favorable para Berenice: fue víctima de discriminación. El documento se integró al expediente en la Junta de Conciliación y Arbitraje como prueba de su despido injustificado.

Gracias a esta resolución, el pasado 14 de febrero representantes legales de la empresa GAVSA accedieron a un acuerdo conciliatorio y aceptaron pagarle la liquidación que establece la ley por despido injustificado, equivalente a tres meses de salario, 20 días por año trabajado y los montos proporcionales de las demás prestaciones.

Marco normativo, aún lejos de garantizar igualdad

Historias como la de Berenice y Heydi son comunes en la Ciudad de México, y resaltan el desfase entre el marco jurídico vigente en materia de derechos humanos y las prácticas culturales de discriminación y violencia de género que complican la protección efectiva de las mujeres, coinciden  Jaqueline L’Hoist, presidenta de Copred, y Rosario Ortiz Magallón, del Programa de Derechos Humanos.

La Constitución Política de la Ciudad de México cuenta con elementos que asumen como principio el respeto a los derechos humanos y, específicamente, las perspectivas de género, la no discriminación y la inclusión, entre otros. Según el Programa de Derechos Humanos de la ciudad, hay 134 leyes que atienden al menos un derecho humano.

Según el Instituto Nacional de las Mujeres, a nivel federal y en los 32 estados existen leyes sobre igualdad entre hombres y mujeres, leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, leyes contra la discriminación y leyes contra la trata.

En la Constitución capitalina se se consideran también los derechos reproductivos para elegir libremente sobre ser o no madres, el derecho a interrumpir libremente el embarazo y el derecho a no ser víctima de violencia obstétrica.

 

De la calle al internet, nuevo tipo de violencia contra la mujer

En México prevalecen prácticas de violencia estructural contra las mujeres. El maltrato trascendió de la intimidad del hogar al espacio público, de la calle al Internet. Amas de casa, periodistas, activistas, políticas, deportistas, la mayoría vulneradas en los ámbitos escolar, laboral, comunitario, familiar y ahora digital —con el acceso a redes sociales — , todas víctimas del ciberacoso.

Se estima que en nuestro país se cometen siete feminicidios al día y al menos 66 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años; es decir, 30.7 millones, han vivido alguna forma de violencia, y 88.4 por ciento deciden no denunciar por causas como miedo, desconfianza hacia las instituciones o normalización del maltrato físico, sexual y psicológico.

De acuerdo con el informe “La violencia en línea contra las mujeres en México”, coordinado por el colectivo Luchadoras y presentado en noviembre pasado, la violencia vinculada a las tecnologías causa un verdadero y profundo daño en las víctimas: náuseas, dolor de cuerpo, cambios en hábitos alimenticios, autolesión, angustia, ira, depresión, paranoia, autorrestricción de movilidad y autocensura, repercusiones que desgastan la calidad de vida y violentan los derechos humanos de la víctima.

 

Mujeres, mejor que hace 5 años, asegura Peña Nieto

Si bien aseguró que la sociedad mexicana ha tenido avances para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, sobre todo en los últimos cinco años, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que todavía falta mucho por hacer para lograr la equidad de género.

El jefe del Ejecutivo encabezó, de manera anticipada, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la residencia oficial de Los Pinos, donde se dieron cita féminas que representaron a distintos ámbitos de la sociedad mexicana.

Peña Nieto hizo una síntesis de avances y logros que su administración ha tenido en favor de la igualdad de mujeres y hombres, así como de las políticas públicas que su gobierno ha emprendido. Pero reconoció que hay varios pendientes para lograr la igualdad sustantiva.

“Cambiar la realidad de injusticia, desigualdad, discriminación, de violencia contra la mujer, que forma parte de la realidad de nuestra sociedad, eso no se cambia con sólo decretarlo, no se cambia a partir de sólo desearlo o de sólo expresarse en contra de esas injusticias”.

Peña Nieto pidió a las mujeres que están hoy en espacios de empoderamiento que sean voces que apoyen y favorezcan la igualdad con los hombres, a evitar la discriminación, la violencia y los abusos.

“Creo que esta agenda por la que hemos trabajado no está agotada, esta agenda no ha terminado, no ha concluido, pero sí podemos decir que hay avances, que hay logros y que, sin duda, la realidad que hoy tenemos es distinta y mejor para las mujeres mexicanas de la que teníamos hace poco más de cinco años”.

A su vez, Belén Sanz, representante de la Organización de las Naciones Unidas, resaltó que en el país, al igual que a nivel regional y global, la evidencia demuestra que hay grandes avances en el respeto a los derechos de este sector de la población, pero persisten importantes desafíos para lograr la igualdad.

“Es crucial seguir avanzando en la construcción de un sistema y de una estrategia nacional de cuidados, que ha iniciado el Gobierno de México, y que permita mejorar el acceso a servicios de cuidado en la primera infancia, a enfermos y personas adultas mayores; ampliar las licencias de maternidad y paternidad, promover acuerdos laborales flexibles y garantizar el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres, apuntado sobre todo a un mayor acceso al empleo formal y romper el ciclo de la informalidad”.

Finalmente, Lorena Cruz, del Instituto Nacional de las Mujeres, aseguró que hubo un incremento al presupuesto etiquetado con perspectiva de género, que de 2012 a 2018 éste fue de 68 por ciento, “estamos hablando de casi 48 mil millones de pesos asignados a programas para las féminas”, por lo que –comentó– se marca la ruta para que dependencias y gobiernos estatales trabajen de manera coordinada en pro de la igualdad.

 

En cargos de gobierno, sin poder decidir

En el Día Internacional de la Mujer, muchas serán las celebraciones, actos y discursos, pero en el ámbito electoral y político aún no se concreta; tan solo en las salas superior, regionales y especializada del máximo circuito de tribunales electorales nacionales, de los 24 magistrados, ocho son magistradas, aunque presiden cuatro de las siete salas.

En los tribunales locales no les va mejor, pues de las 32 salas, en ocho no hay presencia femenina, sólo en tres entidades (Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas) hay mayoría (una más) y sólo cinco estados tienen una presidenta magistrada: las dos Baja Californias, Michoacán, Quintana Roo y Sonora.

En el caso de los organismos administrativos electorales, la situación permanece adversa, comenzando por el Instituto Nacional Electoral (INE) que, de sus 11 miembros del Consejo General, cuatro son mujeres, los Organismos Públicos Locales Electorales cuentan con 224 consejeros, de los cuales 105 son mujeres, lo cual equivale al 46.8 por ciento; en 13 entidades el consejo lo preside una mujer; en 20 estados, el número es menor al de hombres, destacando la Ciudad de México, Quintana Roo y Tabasco, tienen dos de los siete consejeros.

Ámbito legislativo

En el caso de la Cámara de Diputados, la relación de paridad de género apenas comienza a equilibrarse; hay 42 por ciento de mujeres en la LXIII Legislatura federal y en el Senado de la República apenas 22 por ciento son féminas.

La reciente reforma electoral de 2014 daba paridad de 50/50 a las mujeres para enrolarse en el Congreso; sin embargo, no se logró en la legislatura; ahora el INE ha puesto interés en que se cumpla la norma en 2018.

Gobiernos locales

Las mujeres que han sido gobernadoras (Griselda Álvarez, en Colima; Beatriz Paredes, Tlaxcala; Amalia García, Zacatecas, e Ivonne Ortega, en Yucatán) y dos interinas, Dulce María Sauri, en Yucatán, y Rosario Robles, en el Distrito Federal; y Claudia Pavlovich en Sonora.