PAN y PRI advierten que no avalarán reformas de AMLO que vulneren las instituciones democráticas

Los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera y Rubén Moreira Valdez, respectivamente, advirtieron que no avalarán ninguna iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo Federal que pretendan vulnerar a las instituciones democráticas del país.

No obstante, dijeron que sus bancadas están dispuestas a apoyar reformas que sean en beneficio del país y que ayuden a la gente, pero de ninguna manera avalaran la desaparición de organismos autónomos como INAI o que se atente contra la autonomía del Poder Judicial.

Al respecto, el líder de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Jorge Romero, hizo un llamado a enfocarse en encontrar a través del diálogo soluciones que sirvan a México y sus familias.

“El Ejecutivo Federal ha amagado con presentar una serie de iniciativas en cuyo contenido, se vislumbra que incluirá la desaparición de órganos constitucionalmente autónomos y modificaría seriamente el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, así como presentar de nueva cuenta planteamientos que ya han sido desechados por parte del Poder Legislativo y la Suprema Corte.

“En Acción Nacional estaremos a la espera de dichas iniciativas, pero hacemos un atento y respetuoso llamado a que abordemos los problemas de fondo del país, a que dialoguemos y encontremos coincidencias que de verdad sean benéficas para México y sus familias.

Dejo en claro que de ninguna manera acompañaran iniciativa alguna que debilite nuestra democracia y al marco institucional de nuestro país. “La ciudadanía ha sido clara con esta exigencia, misma que como grupo parlamentario apoyaremos y defenderemos”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que es respetuoso de la división de poderes y por tanto de la facultad constitucional de la que goza el Presidente de México para presentar iniciativas de ley; sin embargo, advirtió que en la Cámara de Diputados en todo momento se deben respetar los actos y procedimientos legislativos para la formación de leyes, que se siga el debido proceso legislativo.

Dejo en claro que la discusión y aprobación de leyes es responsabilidad íntegra del Pleno de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, insistió en que son electoreras las reformas constitucionales anunciadas por López Obrador y afirmó que la única intención de presentar esas propuestas es desviar la atención.

“Yo creo que es tratar de meter una narrativa política en medio de un año electoral para que México no discuta sobre la señora Sheinbaum, sino sobre estos petardos que se lanzan”, denunció.

Como ejemplo del uso electoral de las reformas citó la referida al sistema de pensiones para que los trabajadores se retiren al término de su vida laboral con cien por ciento de su último salario.

“Le saca beneficio si pasa y, si no pasa, le saca más beneficio. Es más, yo creo que no quiere que pase”, comento el priista.

Moreira reafirmó, sin embargo, su intención de votar a favor de esa iniciativa, siempre y cuando, no se toquen los recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y se precise de dónde va a salir el dinero.

En contraste, anticipó el rechazo de la oposición a las reformas al Poder Judicial para elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular, así como la reforma electoral, que además está “fuera de tiempo” con un proceso en marcha.

En su turno, el economista y asesor del grupo parlamentario del PRI, Mario Di Constanzo, explicó que la reforma pensionaria, en los términos planteados por el Ejecutivo, significaría un gasto de 4 billones de pesos el primer año y 5 billones al siguiente.

Señaló que desaparecer órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía representaría una bolsa de apenas 5 mil 877 millones de pesos, lo cual sería insignificante para financiar el sistema de pensiones.

RGH