El coordinador de los diputados del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega planteó que sean reinstalados los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y municipios, que fueron removidos de sus cargos de manera injustificada.
Con este motivo, el legislador ecologista impulsa una iniciativa para reformar el Artículo 123 de la Constitución Política, a fin de eliminar dicha prohibición que impide su reinstalación.
Explicó que la reforma busca acotar en dicho párrafo que esos servidores podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.
En la actualidad, el precepto estipula textualmente sólo esa responsabilidad para la institución, “sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”, lo que se plantea eliminar en la iniciativa.
Consideró que la disposición discrimina y afecta derechos y principios constitucionales, como el derecho al trabajo, la estabilidad en el empleo, la garantía de igualdad ante la ley, el derecho a un recurso efectivo, la carrera policial y la profesionalización de las instituciones de seguridad pública; hace nugatorio lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y contraviene estándares internacionales en la materia.
“Es una forma de discriminación inaceptable para policías, peritos y ministerios públicos al negarles estabilidad en el empleo, pues tras ser acusados de alguna conducta indebida y ser absueltos por una autoridad jurisdiccional, no existe obligación de reinstalarlos”, señala.
Asimismo, refiere que “en la práctica, y a la luz de la experiencia, la redacción señalada estigmatiza a policías y ministerios públicos, y afecta los esfuerzos por la dignificación de la función policial”.
El legislador considero que deberían tener beneficios adicionales al del resto de los trabajadores al servicio del Estado, como un esquema de seguridad social sólido; sin embargo, tienen condiciones laborales precarias con inestabilidad en el empleo, sin prestaciones y salarios bajos, lo cual no corresponde a su responsabilidad, pues enfrentan un riesgo muy alto ante “la perversidad, fuerza y poder de fuego de organizaciones delincuenciales, que está en franco crecimiento”.
