Respaldan senadores de Morena y sus aliados la política energética de AMLO

Senadores de Morena, PES, PT y PVEM respaldan las políticas públicas del Gobierno de México en materia de energía, al asegurar que no contravienen ni el espíritu ni la letra del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lo anterior en respuesta a la carta que legisladores estadounidenses enviaron al presidente Donald Trump, acusando que México violenta el “espíritu” del nuevo acuerdo comercial los tres países, al otorgar un trato preferencial a las empresas energéticas estatales.
En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, los senadores de Morena y sus aliados expresaron las razones por las cuales se considera que se está respetando el T-MEC y reiteraron su solidaridad con el presidente de la República en la protección de la soberanía energética nacional.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer la misiva en la que los legisladores señalan, con base en sus facultades, que las políticas públicas en materia de energía del actual Gobierno de México, no contravienen ningún aspecto del T-MEC.
Calificaron de “erróneas” las declaraciones que hicieron legisladores estadounidenses en un escrito dirigido a su presidente Donald Trump al decir, por un lado, que la política energética de México violenta el tratado al dar preferencia regulatoria a PEMEX y la CFE, al cancelar y atrasar permisos para compañías energéticas de la Unión Americana.
También calificaron como “errónea” la aseveración acerca de la “incertidumbre de las iniciativas que pudieran contravenir la reforma energética de 2014, que formó parte del llamado ‘Pacto por México’”.
Respecto al primer punto, el capítulo 22 del T-MEC, en su artículo 2.5 establece que los gobiernos firmantes podrán establecer o mantener empresas del Estado o empresas propiedad del Estado, señalaron.
La mayoría legislativa indicó que no se están previendo los permisos ni las concesiones en materia de generación eléctrica, como afirman las y los parlamentarios estadounidenses, si no que el Estado Mexicano se encuentra reordenando esta participación privada para que no exista una sobreoferta de energía que afecte la suficiencia y seguridad de despacho.
Destacaron que el crecimiento equitativo para América del Norte, plasmado en el T-MEC, como un objetivo común para los tres países, se debe dar a partir de la igualdad de condiciones de competencia y no del detrimento de algunas empresas para favorecer a otras, como ocurrió entre 2014 y 2018, a raíz de las llamadas reformas estructurales.
Sobre el segundo punto, se refirieron al capítulo 8 del T-MEC, que en su artículo 2, inciso a), señala que México se reserva su derecho soberano a reformar su Constitución y su legislación.
En este sentido, mencionaron que el Tratado reconoce la prerrogativa que las y los legisladores mexicanos tienen para presentar iniciativas que reformen la Carta Magna.
No obstante, y aunque actualmente no existen proyectos de reforma en materia energética que hayan sido consensuados por la mayoría parlamentaria del senado de la República, es necesario señalar que cada una de las personas que la integran tiene plena libertad, en respeto a los principios democráticos, de presentar iniciativas, derecho que no podrá ser coartado por ninguna instancia.
Sobre una amenaza a las inversiones, la carta de los senadores precisa que, aunque éste no es el caso, el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y estado establecido en el T-MEC, no está en cuestionamiento por parte del Gobierno mexicano, ya que los inversionistas pueden hacer uso del mismo si consideran que existe violación en los contratos.

Resaltaron que cualquier diferendo existente entre las empresas y el Estado, puede ser resuelto a través del Tratado, sin la necesidad de politizar las relaciones comerciales entre los países firmantes.

Las senadoras y senadores hicieron notar que se reconocerá siempre a las inversiones extranjeras que aporten empleo y desarrollo a la nación, sin embargo, de conformidad con la política del actual gobierno, “coincidimos en la importancia de generar condiciones de verdadera igualdad de competencia que provee el manejo legal, de las empresas públicas de México”.