Derechos reproductivos de las mujeres han quedado estancados en la “congeladora legislativa”: IBD

En los últimos años el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo se ha reactivado en América Latina y varios países del mundo a través de la movilización de mujeres conocida como “Marea Verde”, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

La investigación titulada “Aborto legal: de las 12 a las 24 semanas de gestación”, elaborada por Lorena Vázquez Correa, señala que las protestas de la “Marea Verde” (pañuelos verdes) se unen a la lucha de décadas de activistas feministas que promueven la derogación de las leyes que penalizan el aborto al señalar, entre otros argumentos, que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de los derechos reproductivos de las mujeres, que la criminalización, lejos de inhibir su práctica.

Además, crea espacios de clandestinidad y, en ciertos contextos, implica la realización de procedimientos inseguros a los que están más expuestas las mujeres y personas gestantes que viven en condiciones de pobreza y en áreas rurales.

Vázquez Correa precisa que en México el tribunal constitucional ha sido el escenario de avances importantes en materia de derechos reproductivos de las mujeres, mientras que la vía política ha quedado estancada en la “congeladora legislativa” en el nivel federal y solo ha encontrado cause en los congresos locales de algunas entidades federativas.

Apunta que, con corte a abril de 2022, seis entidades federativas han legalizado el aborto hasta las doce semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima y, en abril de este año, el Congreso de Sinaloa dio un paso más adelante al aprobar una reforma que permite el aborto hasta las 13 semanas de gestación.

La especialista recuerda que el 7 de septiembre de 2021 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional y, por primera vez se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales hasta la semana doce de gestación.

El documento del IBD destaca que países como Colombia, Singapur, Australia y Holanda, han legalizado el aborto hasta las 24 semanas de embarazo.

En ese sentido, refiere que los países que han ampliado el número de semanas más allá de las doce han mostrado un cambio al poner en el centro de las resoluciones la perspectiva de género y los derechos constitucionales de las mujeres, mientras que las resoluciones más restrictivas de doce semanas continúan con argumentos centrados en los límites del Estado para proteger la vida prenatal.

La investigadora, en una parte de sus conclusiones, indica que examinó cómo diferentes cortes y legislaturas llegaron a decisiones favorables a la despenalización del aborto, pero con alcances diferentes en relación con el número de semanas adecuadas para interrumpir legalmente el embarazo.