La Ley General de Educación Superior requiere de recursos presupuestales, señala PAN

 

Dicha ley ya fue avalada ya por el Senado de la República y se espera que esta semana sea discutida en el Pleno por los diputados, aunque su aplicación estaría sujeta a la disponibilidad de presupuesto.


El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que la aprobación de la Ley General de Educación Superior sin asignar recursos para su aplicación significaría hablar de un “derecho ficción” y abonar a la retórica.

Dicha ley ya fue avalada ya por el Senado de la República y se espera que esta semana sea discutida en el Pleno por los diputados, aunque su aplicación estaría sujeta a la disponibilidad de presupuesto.

Por ello, el panista Romero Hicks señaló que plantear en la legislación derechos sociales y no querer asignar recursos económicos es hablar de derecho ficción, “es simular y abonar solo a la retórica y no a la resolución real de los problemas”.

Hizo un llamado a no sujetar el cumplimiento de un derecho a la suficiencia presupuestal, pues aun cuando vivimos tiempos de crisis y es preciso atender prioridades en materia de salud, no se debe olvidar que la educación a mediano y largo plazo rinde frutos, a través de soluciones innovadoras en salud, trabajo y economía, entre otros.

En este sentido, el panista guanajuatense señaló que México tiene la necesidad de una Ley General de Educación Superior por la obsolescencia y limitaciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Entre sus principales aportaciones, la nueva legislación prevé un Sistema Nacional de Educación Superior con espíritu federalista, reconociendo los sistemas locales y autonomías institucionales.

De igual manera, establece la obligatoriedad de la educación superior para el Estado y distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, además de incorporar mecanismos para que el derecho a la educación sea exigible, justiciable y progresivo.

Para efectos de financiamiento, se crea un fondo especial para atender los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, al cual tanto la federación como los gobiernos locales deberán asignarle presupuesto de forma anual y sostenida, adicional a los recursos destinados actualmente a educación superior.