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Monreal insiste en una reforma electoral profunda

 

La justicia electoral tiene que ser proporcional, sin que haya impunidad, “por eso este es el tema que se debe revisar, pues es necesario mayor precisión para que el órgano electoral no incurra en abusos y se evite que suplante al Poder Legislativo”, puntualizó el senador zacatecano.


El senador Ricardo Monreal Ávila no quita el dedo del renglón y por enésima ocasión informó que prepara el proyecto para una reforma electoral profunda, que establezca una racionalidad en el uso de los recursos públicos para organizar los comicios y someta a los órganos electorales al principio de legalidad.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el también coordinador parlamentario de Morena en el Senado aprovechó la presentación de su más reciente libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”, ahora desde Culiacán, Sinaloa.

Sobre su iniciativa que presentará pronto, dijo que establecerá, entre otras cosas, una racionalidad en el uso de recursos públicos, porque para este proceso se van a erogar más de 40 mil millones de pesos.

Además, se tiene que dar paso a la urna electrónica, a mecanismos modernos para poder ejercer el derecho del voto y que éste sea respetado.

Asentó que uno de los temas delicados que se repite en todas partes es el de los funcionarios públicos que abusan de su función y acuden a actos proselitistas a ofrecer, a cambio del voto, beneficios, a pesar de que el fraude electoral es un delito grave.

Reiteró que, tras la cancelación del registro de 49 candidatos solamente de Morena a cargos de elección popular, “un gran porcentaje de ciudadanos” cree que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son contraparte, no son árbitros ni están actuando con imparcialidad, certeza y objetividad.

Se trató de sanciones desproporcionadas, excesivas e irracionales, que demuestran que el INE y el TEPJF “están actuando con parcialidad, con incertidumbre y con una gran subjetividad”.

Según el senador, esto confirma que se trataba de “un asunto estrictamente político, no jurídico, dado que el mismo criterio, que se usó para eliminar las candidaturas de Morena para Guerrero y Michoacán, no se quiso utilizar para San Luis Potosí”.

Afirmó que, al concluir el proceso electoral del 6 de junio, será inevitable una reforma que someta al principio de legalidad a los órganos electorales, al TEPJF, las salas regionales y los tribunales locales en materia electoral y advirtió que el uso de programas públicos, tarjetas o entrega despensas, constituyen un delito federal grave que no alcanza fianza para los funcionarios que lo cometan.

Dijo que la persecución y la sanción de dichas conductas es de nodal importancia para lograr una justicia completa, pues en ciertos casos no basta que el Tribunal Electoral declare que se ha cometido alguna irregularidad, sino que se tiene que sancionar penalmente al responsable.

La justicia electoral tiene que ser proporcional, sin que haya impunidad, “por eso este es el tema que se debe revisar, pues es necesario mayor precisión para que el órgano electoral no incurra en abusos y se evite que suplante al Poder Legislativo”, puntualizó el senador zacatecano.