Una de las principales promesas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con México fue parar la militarización del país; sin embargo, las acciones de los castrenses, así como la creación de nuevas corporaciones de seguridad, han demostrado que el tabasqueño no sólo no ha cumplido, sino que aumentó la presencia de los uniformados en las calles.
Es por ello que el comité contra Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le exigió al mandatario federal regresar al Ejército a los cuarteles, además de convertir a la Guardia Nacional (GN) en un mando civil, como fue planteado desde un inicio.
Para cumplir esta misión, el organismo le recomendó al gobierno federal idear un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública.
Posteriormente, Carmen Villa Quintana, presidenta del CED, aseguró que estas estrategias deben ser generadas para que “realmente pueda brindar seguridad a los ciudadanos”. Además, deben tener concordancia con los principios internacionales de derechos humanos, así como seguir al pie de la letra el artículo 21 de la Constitución.
Los integrantes del comité de la ONU resaltaron que las reformas de leyes en materia de seguridad implementadas desde el año 2006, hasta las más recientes, se han caracterizado por primar la militarización del país.
Asimismo, se destacó que, en algunos casos, estas nuevas legislaciones han sido objeto de acciones de inconstitucionalidad porque no fueron suficientes para combatir la delincuencia, la violencia en México, y para proteger los derechos humanos.
“La permanente participación de la fuerza armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”, señaló el comité.
Posteriormente rememoró que entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina por haber efectuado violaciones graves a los derechos humanos, entre las cuales se encuentran 15 sobre desaparición forzada.
También mencionaron que en el año 2021, la Sedena y la GN fueron reconocidas entre las 10 autoridades con frecuentes señalamientos en los registros de presuntas violaciones a los derechos humanos presentados por la CNDH.
Por su parte, entre las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite también se encontraba la Sedena, acompañada por la Marina.
Otro tema que mencionaron fue la desaparición forzada. Expusieron que incrementó de manera exponencial entre 2006 y 2021. Hasta el 26 de noviembre del año pasado, en el país había 95 mil 121 personas desaparecidas, de acuerdo al registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Se advirtió que dichos delitos son cometidos, en su gran mayoría, por servidores públicos de los tres mandos, federal, estatal y municipal, así como por integrantes de la delincuencia organizada.
Además, destacaron que existe una impunidad generalizada del 99%, pues no se investiga ni se lleva con la justicia a los responsables de crímenes como desaparición y otras violaciones a los derechos humanos.
Por ello, se le cuestionó a la presidenta del CED sobre la creación de un órgano internacional contra la impunidad, que ejerza de manera independiente. Ante ello, respondió: “Esta es una cuestión que le corresponde al propio estado mexicano analizar y discutir, sobre todo, frente a la situación que presentamos y por la impunidad que se ha señalado”.
