La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados exigió al Gobierno federal respetar los compromisos adquiridos en el T-MEC, sin quebrantar sus obligaciones en materia de energía, medio ambiente, anticorrupción y libre competencia.
Señalaron que el Congreso de la Unión debe solicitar al Ejecutivo federal honre los acuerdos internacionales y no ponga a México en estado de indefensión.
Los priistas dijeron que México debe aprovechar los beneficios de integración del acuerdo comercial pero sin poner en riesgo los compromisos adquiridos previamente.
Externaron su preocupación con las recientes reformas a las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, mismas que violentan diversos capítulos del T-MEC y pueden llevar al país a pisar tribunales internacionales donde, incluso, se nos podría exigir reparación de años.
Además, explicaron que existe una queja en materia laboral contra México, sin soslayar que el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), el cual agrupa a más de 600 empresas del sector energético, han solicitado al Presidente Joe Biden actúe “ante violaciones al T-MEC cometidas por México”; acusan trato discriminatorio, respecto al comercio de bienes, las ventas y compras de empresas estatales y monopolios designados e imponer reglas adicionales a la inversión y probables expropiaciones indirectas ilegales.
Dijeron que el hecho de cambiar las leyes no exime a México de los compromisos adquiridos en los acuerdos internacionales, por lo que es apremiante que el gobierno federal asuma sus obligaciones.
Por ello, se pronunciaron porque el Secretario de Relaciones Exteriores instaure mesas de trabajo con autoridades de los Estados Unidos de América y Canadá a fin de analizar el impacto negativo que las reformas en materia energética tendrán en la implementación del T-MEC; así como las consecuencias jurídicas a las que habrá lugar.
“La apuesta de los gobiernos de los tres países de América del Norte fue desarrollar una plataforma para ser competitivos, fortalecer cadenas de valor, dar beneficios a nuestras sociedades, y el acuerdo básico consistió en que cualquier cambio jurídico debe ser compatible con los compromisos establecidos en el Tratado, porque están al mismo nivel de la Constitución”, argumentaron.
Mencionaron que en congruencia con las negociaciones del Gobierno mexicano, el Poder Legislativo aprobó adecuaciones al marco legal en materia de impuestos al comercio exterior, propiedad industrial, infraestructura de la calidad y derechos de autor, que permiten al país estar en posibilidad de dar cumplimiento al Tratado.
